Firme ante el secesionismo y 'orgulloso' de la lucha contra la corrupción

Maza se consideraba molesto cuando se ponía en duda el compromiso de España contra la corrupción.

Quien diga que en España no se persigue adecuadamente la corrupción «está fuera de este país», aseguraba en julio el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza, para quien hoy en día «hay mucha menos corrupción de la que había hace unos años».
Como prueba del buen funcionamiento del sistema, Maza alegaba por ejemplo que en el plazo de una semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, iría a declarar como testigo en el juicio de Gürtel, o que la infanta Cristina se había sentado en el banquillo de los acusados en el caso Nóos.
Por ello, Maza se consideraba molesto cuando se ponía en duda el compromiso de España contra la corrupción. «¿Se me puede decir un solo caso en el que se haya tapado o no se haya querido perseguir la corrupción?», se preguntaba entonces.
A su juicio, la «sensación de corrupción muy importante» se debía al acúmulo de investigaciones y juicios de «hace cuatro años, ocho años, doce años».
Maza expresaba su «tristeza» tras el cese del exjefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, a su juicio tratado «muy injustamente» por la sociedad en general y aplastado por una «bola de nieve» sin razones «jurídicas, éticas o estéticas». Poco antes, Moix, que llevaba solo tres meses en el cargo, había dimitido tras la polémica suscitada al saberse que era propietario, junto a sus hermanos, de una empresa radicada en Panamá, lo que generó un aluvión de críticas de la oposición política.
El año de ejercicio de Maza al frente del ministerio público estuvo muy marcado por la crisis catalana, como también se puede comprobar en esa entrevista. Entonces, advertía de que se perseguiría la compra de urnas para el referéndum separatista unilateral promovido por la Generalitat el pasado 1 de octubre, se hiciese de forma pública o encubierta.
Para Maza, el referéndum era una aventura sin salida y entonces albergaba la esperanza de que no se llegara a realizar: «Esa es la esperanza que yo tengo, soy muy optimista y estoy convencido de que los catalanes tienen mucho sentido común y van a acabar llegando a esa conclusión». No obstante, ya advertía de que «lógicamente» la Fiscalía y el Estado de Derecho no tendrían más remedio que reaccionar si se hiciese «porque un acto ilegal no se puede permitir».
Meses después, su aviso se concretó en dos querellas, cuyo curso todavía sigue abierto.
La primera, ante la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y 13 exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación; y la segunda, en el Supremo, por esos mismos delitos, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia. 
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