La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes una querella por rebelión, sedición y malversación -entre otros delitos- contra los principales actores de la Generalitat que culminaron la DUI.
La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes una doble querella por rebelión, sedición y malversación «entre otros delitos» contra los promotores de la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament de Cataluña el pasado viernes. «Responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia con total desprecio a la Constitución», ha descrito Maza.
Lista de miembros del Govern querellados por la Fiscalía.
Durante una rueda de prensa, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado esta doble querella que se presentará ante la Audiencia Nacional en el caso del Govern -al no gozar ya de aforamiento, una vez cesados, es la Audiencia la encargada de conocer sobre esos delitos- y ante el Tribunal Supremo contra los miembros de la mesa de Parlament que permitieron tramitar la votación.
Esta segunda querella se dirige contra Forcadell y contra todos los integrantes de la Mesa del Parlament que facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia. Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos «la culminación del proceso independentista» facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.
El fiscal ha recordado que es responsabilidad del Ministerio Fiscal promover la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos y ha pedido que los querellados sean citados «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados». Además, contempla en la querella fianzas de seis millones de euros pide que «se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados».
El fiscal general ha recalcado que «a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas».
Hasta 25 años de cárcel
Cabe señalar que el delito de rebelión, tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes, prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, «induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión», para «los jefes principales de ésta». Quienes ejerzan «un mando subalterno» pueden ser castigados con condenas de prisión de diez a quince años, y los meros participantes se enfrentan a posibles castigos de cárcel de cinco a diez años. La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea para aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.
El delito está previsto para aquellos que se alcen «violenta y públicamente» con una serie de objetivos, como la derogación, suspensión o modificación de la Constitución o la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional. Fue el delito por el que se castigó a los autores del golpe de Estado de 1981.
En este sentido, la querella de la Fiscalía señala que «los hechos imputados a los querellados, dirigidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, ponen en objetivo peligro los fundamentos del Estado de Derecho».
Describe, además, cómo el Gobierno separatista, tras ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha trabajado por la creación de un estado catalán:
«El Govern de la Generalitat continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república valiéndose para ello del poder que les otorgaba tener la mayoría absoluta de diputados en la Cámara, integrados en los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y reforzado por el apoyo de asociaciones independentistas a las que pertenecen un gran número de esos mismos diputados y miembros del Govern, a saber, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. De esta manera, mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares, por ellos auspiciada, iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para respaldar la consecución de los fines independentistas».
Abonando en la sociedad la idea…
En la querella, la Fiscalía abunda más de una vez en el papel que en el proceso separatista han jugado asociaciones como la ANC y Omnium Cultural y señala cómo los gobernantes separatistas han contribuido a crear la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación: «Como instrumentos al servicio del plan secesionista del Govern, los querellados promovieron actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament al margen de las leyes y en contra de la Constitución, haciendo nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación».
Se libran…
Una vez conocidos los detalles de la querella, las primeras reacciones se centran en el hecho de que la Fiscalía no haya incluido a los diputados separatistas que participaron de esa votación ilegal en el Parlament el pasado viernes:
Impunidad para los diputados separatistas: la Fiscalía no les incluye en la querella. Por @fer6lorentehttps://t.co/rzPNrOAmT2pic.twitter.com/l0TKPKmq2F
— Libertad Digital (@libertaddigital) 30 de octubre de 2017
El Gobierno culmina el control de la Generalitat
Este lunes, además, el Gobierno culmina la asunción del control del Gobierno de la Generalitat en el primer día laborable después de la aplicación del 155 con el convencimiento de que los funcionarios autonómicos serán leales y de que estarán «al lado de la ley».
Bajo la coordinación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo comienza a comprobar si encuentra obstáculos a esta intervención, autorizada el viernes pasado por el Senado y que ha supuesto el cese de unos 150 cargos, ya sea directamente o de forma indirecta, como asesores.
De hecho, Sáenz de Santamaría ha pasado el fin de semana analizando la coordinación del Ejecutivo para Cataluña, hablando para ello con diversos colaboradores y en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que acudió a la multitudinaria manifestación de este domingo en Barcelona a favor de la unidad de España, se mostró «convencida» de que los funcionarios de la Generalitat cumplirán las órdenes. «Confiamos en los funcionarios de la Generalitat. Siempre han demostrado que están al lado de la ley y estamos convencidos que todos los funcionarios de la Generalitat continuarán estando al lado de la ley para preservar el autogobierno, la autonomía y los servicios públicos en Cataluña», dijo.
El mensaje llega después de que algunos cargos como Josep Rull, que era consejero de Territorio, hayan anunciado que acudirán este lunes a sus despachos como «ministros» de la nueva «república catalana». Se desconoce qué hará el cesado vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que en un extenso artículo publicado este domingo en el diario El PuntAvui manifestó que en los próximos días tendrán que tomar decisiones que «no siempre serán fáciles de entender».
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Texto íntegro de la querella presentada contra el Govern
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