El exconsejero golpista de Interior, Joaquim Forn, ha pedido al juez que revise su prisión incondicional al defender su arraigo personal y su abandono de la política como razones para pedir su puesta en libertad.
El exconsejero golpista de Interior, Joaquim Forn, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que revise su prisión incondicional al defender su arraigo personal y su abandono de la política como razones para pedir su puesta en libertad.
Fuentes de la acusación popular que ejerce VOX han informado de que ha solicitado la revisión de medidas cautelares durante la declaración indagatoria en la que el magistrado le ha comunicado su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, si bien el juez ha descartado este trámite. A preguntas de su abogado, Joaquim Forn ha defendido la ausencia de reiteración delictiva, dos supuestos que le relaciona el juez para mantenerle en prisión provisional.
Forn, que ha declarado durante unos 30 minutos, ingresó el pasado 2 de noviembre en la cárcel madrileña de Estremera y desde entonces ha solicitado sin éxito en varias ocasiones su puesta en libertad. La última fue el pasado 20 de marzo cuando la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo acordó mantener en prisión provisional al exconseller a petición de VOX, cuando la Fiscalía había pedido que fijara una fianza de 100.000 euros para dejarle en libertad.
En aquella ocasión, el tribunal mantuvo que existía riesgo de reiteración delictiva y señaló que Forn mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, «cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años».
Rull se encara ante el juez
Por su parte, el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha acusado al juez de haber perdido su «prestigio» y de estar actuando en coordinación con el Gobierno central.
Fuentes de la acusación popular que ejerce VOX han informado de que ha criticado la ausencia de división de poderes en España, al manifestar que «el juicio oral será un mero trámite», y ha dejado entrever que la Justicia española se guía por criterios políticos. «No estaríamos aquí juzgados si no hubiéramos ganado las elecciones», ha asegurado en su declaración ante el juez, que ha durado unos cuarenta minutos
En su comparecencia, ha expresado su desacuerdo con las acusaciones que se le imputan y, por ejemplo, ha negado que su decisión de no autorizar que uno de los barcos desplazados para el dispositivo policial del 1-O entrara en el puerto de Palamós (Girona) tuviera motivaciones políticas. La decisión de no permitir su entrada en el puerto de Palamós, ha argumentado, se tomó por razones «técnicas», debido a las dimensiones del buque y las capacidades del puerto.
En su intervención final, Rull se ha encarado al juez para reprocharle los tres motivos por los que considera que se encuentra en prisión preventiva: porque participó en la elaboración de documentos políticos que sirvieron como base del programa electoral independentista de 2015, porque participó en reuniones en las que se hablaba del proceso soberanista y por no dar permiso para que un buque policial atracara en el puerto de Palamós.
Las tres son razones «sin fundamento», han señalado fuentes próximas a su defensa, ya que ni redactar un documento político, ni el hecho de reunirse, ni denegar por razones «técnicas» un permiso para atracar en un puerto pueden ser considerados delitos.
En su alegato final, ha cuestionado la «imparcialidad» del juez Llarena, a quien ha recriminado su «evolución» en función de los últimos acontecimientos políticos en Cataluña. También ha dado a entender que el juez actúa -a su juicio- en coordinación con el Gobierno y, en este sentido, ha señalado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha «anticipado sus decisiones» judiciales en algunas ocasiones, unas predicciones que luego «se han cumplido», por lo que ha ironizado sobre el hecho de que el ministro sea «un oráculo», han indicado fuentes cercanas a la defensa.
Rull ha indicado que «antes» Llarena era considerado un «juez de prestigio», pero «ahora ya no», y ha denunciado que «no toma decisiones solo, sino acompañado por otros», han añadido las mismas fuentes.
«Vemos la luz en algunos países del norte de Europa donde existe una clase de Justicia mejor que está», ha dicho, tras las últimas decisiones de las autoridades judiciales de Bélgica, Alemania y Escocia donde se encuentran huidos el expresidente Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros golpistas.
Romeva critica la legítima actuación policial el 1-O
Raül Romeva se ha proclamado como «demócrata» comprometido con la cultura de la paz y ha denunciado ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena la «criminalización» del independentismo por vías pacíficas.
El exconsejero ha centrado su intervención en desvincular de cualquier expresión de violencia el programa independentista de ERC, partido con el que se presentó a las elecciones del pasado 27 de diciembre, y ha lamentado que, pese a ser legal, ahora se intente criminalizarlo. En ese sentido, ha apuntado que Cataluña tiene «legitimidad» para ejercer la autodeterminación, un principio que ha dicho que apoya desde posiciones no nacionalistas, por el hecho de ser «un demócrata».
Romeva ha recordado ante el juez su currículum personal, vinculado a la cultura de la paz y la mediación en la resolución de conflictos, y ha asegurado que nunca ha estado ni estará de acuerdo con el uso de la violencia para conseguir fines políticos. Tras reivindicar que en el Parlament se puede discutir cualquier idea política y que los diputados están amparados por la «inviolabilidad», ha criticado ante Llarena la actuación policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, que a su parecer fue «desproporcionada».
Para el exconsejero, una votación popular «masiva» como la del 1-O no podía reprimirse por la fuerza, teniendo en cuenta además que la celebración del referéndum no era delictiva. El investigado ha aprovechado su intervención para argumentar que el Tribunal Supremo carece de competencias para investigarlo y denunciar los problemas que asegura se encuentra constantemente para acceder a las actuaciones y trabajar con su defensa.
Además, Romeva ha criticado que esté siendo investigado paralelamente por el juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O, quien la semana pasada ordenó registrar la sede del Diplocat -entidad de la Generalitat que dependía de su consellería- para seguir el rastro de los pagos a observadores internacionales del 1-O, lo que podría suponer un delito de malversación.
