Un hotel ubicado en Puerto de La Cruz (Tenerife) fue reconvertido hace algunos meses en un centro para menores migrantes no acompañados (MENAs) ante la avalancha migratoria que sufre España. Gimnasio, peluquería o sala de ordenadores son sólo algunos de los lujos de los que disfrutan los internos en estas instalaciones financiadas con dinero público, mientras miles de ciudadanos españoles viven en condiciones precarias tras catástrofes naturales como la DANA o el volcán de La Palma —con ayudas prometidas por el Gobierno que aún no han llegado—.
Gestionado por la ONG Quorum Social 77, este centro ha recibido desde 2023 más de 10,8 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias, según ha avanzado @CanarioToday en la red social X. Las imágenes difundidas por este perfil especializado en lo relativo al gasto público en inmigración muestran estancias completamente equipadas: salas de informática con conexión a Internet, áreas de ocio con futbolines, espacio para entrenamiento físico con saco de boxeo, e incluso un área de peluquería con mobiliario de estética profesional.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las escenas de violencia que se han producido dentro del centro. En una de las imágenes compartidas, se observa cómo un menor es reducido por un adulto tras un supuesto incidente violento. Según denuncian trabajadores sociales del propio recinto, sólo la dirección tiene permitido intervenir físicamente en situaciones de agresividad, lo que ha generado un clima de tensión y miedo entre el personal. «No podemos defendernos, y eso nos deja completamente desprotegidos», afirma una fuente anónima del centro.
También ha causado indignación entre parte de la población local la comparación entre el nivel de dotación de este centro y la escasez de medios que sufren muchas familias afectadas por las recientes catástrofes en el archipiélago. «Mientras nuestros vecinos siguen sin casa tras el volcán, aquí se reparte comida de primeras marcas y se entrena con saco de boxeo», señala un residente canario.
A esto se suma la falta de transparencia sobre el uso de los fondos públicos, el criterio de asignación y la saturación de servicios sociales en la isla. La oposición ha exigido explicaciones tanto al Gobierno regional como a la ONG adjudicataria sobre los protocolos de seguridad, el perfil de los menores acogidos y los mecanismos de control sobre el gasto.
