El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesarle por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador al considerar que sus conclusiones no sólo son «ilógicas» sino «voluntaristas», pidiendo así a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que le corrija y archive el caso. En un recurso de 74 páginas, la Abogacía del Estado insta a archivar el caso alegando que «los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal» y que tampoco «aparece suficientemente justificada su perpetración».
A su juicio, desde que la causa comenzara en el TS, basada en una «inferencia temporal», derivada de la hora en que el fiscal general recibió la información sobre los emails que se intercambiaron la defensa de González Amador y Fiscalía, y la hora que publicó la Cadena SER, no ha habido «apenas ninguna novedad» porque «no hay otro resultado posible para el inocente que el de constatar su inocencia».
Entre las «numerosas inferencias, carentes de sustento fáctico» que reprocha a Hurtado, hace especial mención a las «presuntas indicaciones de Presidencia del Gobierno y otras indicaciones externas», que se habrían «canalizado» a través de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, y por las que el instructor dice que habría actuado García Ortiz. En este punto, hace hincapié en que «el documento reenviado a las 08:29 horas del 14 de marzo de 2024 por Sánchez Acera a Juan Lobato presenta notables diferencias respecto al correo electrónico en poder del fiscal general».
Por contra, asevera que «se ha obtenido un conjunto de material probatorio de descargo ante el que (…) palidece irremisiblemente el escaso acopio incriminatorio obtenido». Para la Abogacía, el procesamiento sólo se apoya en «la misma inferencia temporal», en un informe de la UCO que no considera relevantes noticias que pondrían de relieve que la prensa conocía las negociaciones entre González Amador y Fiscalía antes que García Ortiz y en «lo que se pueda inferir» del hecho de que el fiscal general borrara sus chats de WhatsApp y su cuenta personal de Gmail.
