Las entidades sociales de la discapacidad denuncian la «asfixia económica» a la que están siendo sometidas por parte de la Generalitat. También los drogodependientes o las personas mayores denuncian el el abandono de la Generalitat. El contexto político no parece el más adecuado para resolver la situación.

 

Carles Puigdemont y su Gobierno se «olvidaron» de autorizar el pago de 152 millones de euros que deben recibir decenas de entidades sociales catalanas durante los ejercicios 2017 y 2018.
Según el diario ABC, en su carrera hacia la secesión, el Govern ahora cesado no cumplió con las asociaciones que se encargan de ayudar a los catalanes más necesitados. La Generalitat no cerró el programa de subvenciones bianual abierto en marzo de este año, pese a que el 20 de julio se publicó una resolución provisional sobre dichas ayudas. El dinero aún no se ha abonado y según el diario de Vocento, no se espera que llegue hasta primeros de 2018 en muchos casos.
Se trata de una convocatoria ordinaria de subvenciones para entidades dedicadas a las políticas sociales, que entrega el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. El proyecto cuenta, en su presente edición, con un presupuesto de 226.287.735,81 euros, que se divide en 20 líneas de ayudas de las que sólo una de ellas ha recibido ya alguna dotación presupuestaria. Se trata de la línea de ayudas «J», donde actúan entidades que prestan servicios residenciales, de atención diurna a personas mayores, a drogodependencia, a discapacitados o enfermos mentales.
Los 226 millones se dividen, a su vez, en dos grandes montantes: uno de 116 millones a pagar en 2017 y otro, de 110 millones de euros, a abonar durante el ejercicio 2018. Según datos facilitados por la Generalitat, del importe total del programa sólo se ha abordado el pago de 74 millones de euros en concepto de anticipo. Así, hay otros 152 millones bloqueados, de los que 42 tendrían que haberse pagado a las entidades durante este curso y otros 110 cuyo calendario de reparto todavía tendría que aclararse y que están supeditados a una resolución definitiva que no llega.
«Asfixia económica»
Según indica ABC, uno de los colectivos más afectados por el retraso en la concesión de este programa de subvenciones es el de la atención al discapacitado. El ejemplo más claro es Fesoca, que a su vez forma parte del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi). Esta organización, de tercer nivel, aglutina a federaciones del sector, y ayer mismo lanzó un comunicado en el que denunció «la asfixia económica de las entidades sociales de la discapacidad» que achacan a «la irresponsabilidad de las administraciones públicas implicadas en la convocatoria, resolución y pago de subvenciones».
 
 
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