El magistrado José Luis Calama estudia retirar el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una medida cautelar que él mismo descartó hace apenas tres meses y que ahora habría vuelto a situarse sobre la mesa tras las últimas declaraciones practicadas en la investigación del rescate de Plus Ultra. Según fuentes próximas a la causa citadas por Estrella Digital, todavía no existe una resolución y, por tanto, Zapatero mantiene por ahora sus documentos y puede abandonar España.

El escenario ha cambiado después de que Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, antiguo consejero delegado y director financiero, comparecieran como investigados los días 7 y 8 de septiembre. Ambos ratificaron ante el juez que la aerolínea acordó el pago de una cantidad equivalente al 1% de los 53 millones de euros del rescate concedido por la SEPI, es decir, alrededor de 530.000 euros.

Los antiguos responsables de la compañía vincularon ese dinero con las labores de «acompañamiento» realizadas para conseguir que la operación pública llegara a buen término. Los pagos habrían sido canalizados mediante sociedades relacionadas con Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, amigo y colaborador de Zapatero, al que dentro de Plus Ultra identificaban como interlocutor del denominado «grupo Zapatero». Parte del dinero se habría satisfecho mediante facturas y otra parte a través de billetes de clase business.

Los testimonios incorporan además otro elemento que está siendo investigado: el supuesto conocimiento anticipado de la aprobación del rescate. Según la versión trasladada al magistrado, el entorno de Zapatero habría comunicado a la compañía alrededor del 26 de febrero de 2021 que la ayuda saldría adelante, aproximadamente una semana antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los 53 millones.

Sin embargo, ninguno de los dos exdirectivos ha identificado ante Calama una actuación concreta realizada personalmente por Zapatero ante la SEPI, miembros del Gobierno o funcionarios públicos. Sus declaraciones acreditan, según su versión, el acuerdo económico y los pagos al intermediario, pero no demuestran por sí mismas que el expresidente interviniera directamente en la concesión del rescate. Esa cuestión deberá contrastarse ahora con documentación bancaria, comunicaciones y el resto de pruebas recabadas durante la instrucción.

La posible retirada del pasaporte ya fue planteada el 17 de junio por la Fiscalía Anticorrupción, después de que Zapatero declarara durante unas tres horas como investigado. La fiscal Elena Lorente solicitó entonces que entregara tanto sus pasaportes ordinarios como el diplomático, compareciera quincenalmente y necesitara autorización judicial para salir del país. El PP respaldó la petición, mientras Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa reclamaron incluso prisión provisional.

Calama rechazó entonces las medidas al considerar que el expresidente tenía un fuerte arraigo en España y que su condición de personaje de «pública notoriedad» reducía considerablemente las posibilidades de sustraerse a la acción judicial. La única obligación que le impuso fue proporcionar un teléfono y una dirección de correo electrónico para garantizar que pudiera ser localizado. El instructor precisó, no obstante, que su declaración no había eliminado los indicios que justificaban mantener abierta la investigación.

El eventual cambio de criterio obliga a mirar también a los registros practicados meses atrás. El juez permitió la entrada en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz y en sociedades relacionadas con su entorno, pero rechazó la petición formulada por la UDEF y Anticorrupción para registrar su domicilio familiar. Los investigadores policiales consideraban que la vivienda podía haber funcionado como un espacio reservado para custodiar documentación y adoptar decisiones alejadas de la actividad administrativa desarrollada en la oficina.

Calama entendió que esas sospechas no justificaban una medida tan invasiva y advirtió de que el registro domiciliario no podía convertirse en una investigación meramente prospectiva. En su resolución llegó además a señalar que, debido a la enorme repercusión pública de la causa, era razonable pensar que cualquier posible evidencia existente allí pudiera haber sido ya «retirada, destruida o trasladada».

En aquellas fechas, varios vecinos aseguraron a ESTRELLA DIGITAL haber observado humo saliendo de la chimenea de la vivienda, pese a las altas temperaturas, así como un camión utilizado para retirar enseres. Esos relatos no figuran incorporados a la causa y no permiten determinar qué se quemó o qué objetos fueron trasladados, por lo que no constituyen una prueba de destrucción u ocultación de documentación.

La investigación mantiene mientras tanto numerosos frentes abiertos. Uno afecta a unas joyas intervenidas y valoradas provisionalmente en 1,32 millones de euros, sobre cuyo origen Zapatero solicitó tiempo para aportar documentación durante su declaración de junio. Otro se centra en reconstruir el destino de los aproximadamente 530.000 euros abonados por Plus Ultra y comprobar qué trabajos respaldaban las facturas utilizadas.

La UDEF también tiene encargado un análisis del capital venezolano de Plus Ultra, con el objetivo de reconstruir la procedencia de los fondos, la estructura societaria de la aerolínea y los movimientos económicos producidos antes y después del rescate público. Paralelamente continúan las diligencias relacionadas con Laura y Alba Rodríguez Espinosa y con la sociedad Whathefav, a través de la que los investigadores sitúan una parte de las operaciones económicas examinadas.

No todas las líneas abiertas han respaldado las sospechas iniciales. La Fiscalía de Berna ha comunicado que no localizó cuentas de Kingsfield Consulting en UBS ni Crédit Agricole en las condiciones consultadas, debilitando esa pista financiera concreta. La defensa de Zapatero, encabezada por Víctor Moreno Catena, también ha intentado anular actuaciones al considerar ilícito el origen de determinadas comunicaciones incorporadas al procedimiento, aunque Calama ha rechazado hasta ahora esa pretensión.

La eventual retirada del pasaporte tendría un impacto especialmente significativo debido a la intensa agenda exterior que mantiene el expresidente, particularmente en Venezuela y América Latina. La medida, prevista para asegurar que un investigado permanezca a disposición judicial, no implica una declaración de culpabilidad. Si Calama decide modificar lo acordado en junio, tendrá que justificar qué circunstancias nuevas hacen necesario restringir ahora la libertad de movimientos de Zapatero.