El País Vasco recaudará a partir de ahora los impuestos de sucesiones y donaciones de los ciudadanos vascos que no residan en España en el momento de su fallecimiento, según consta en una de las modificaciones del Concierto Económico acordado este miércoles.
Es uno de los puntos retocados del texto que actualiza la Ley del Cupo, firmada por los gobiernos central y vasco en Madrid durante una breve reunión que han encabezado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en representación del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La asistencia de ambos ha ilustrado la relevancia que el Gobierno está dando a sus relaciones con la administración vasca, cuya delegación han presidido el portavoz, Josu Erkoreka, y el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu.
«Es un muy buen acuerdo para el País Vasco porque el no conflicto y la normalidad deben prevalecer en las relaciones entre las dos administraciones», ha puntualizado el propio Azpiazu.
No sólo se ha retocado la tributación de las sucesiones y donaciones, sino también el impuesto de sociedades, que se empezará a cobrar a las empresas en cuanto su volumen de operaciones sobrepase los 10 millones de euros, lo que supone un aumento de tres millones sobre el umbral anterior.
Más de 20 artículos de la normativa se han modificado con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los impuestos de las diputaciones forales y de facilitar la coordinación con la administración general del Estado.
Los cambios recalarán en el Congreso de los Diputados para que reciban el visto bueno de la Cámara y puedan entrar en vigor, lo que podría suceder a lo largo del mes de septiembre.
Para entonces, tal y como ha explicado Montoro, los «promotores» del acuerdo afianzado este miércoles tendrán reuniones y conversaciones con los grupos parlamentarios para explicarles el alcance de dichas modificaciones, que el ministro cree que saldrán adelante, según ha declarado en la rueda de prensa posterior a la reunión y a la firma.
Además de los cambios en sucesiones y en donaciones, y en los del impuesto de sociedades, el País Vasco contará con una serie de ventajas en la tributación del IRPF, especialmente para quienes trabajen en el extranjero, para los teletrabajadores y para operarios enrolados en embarcaciones radicadas, a su vez, en puertos de la región.
La firma plasmada por los gobiernos central y vasco reproduce los puntos ya acordados en la reunión de mayo, cuando se formalizó dicho pacto en plena negociación de los presupuestos de este año.
Así, se establece el cupo para 2017 en 1.300 millones y se mantiene el índice de imputación en el 6,24 por ciento para el quinquenio que viene.
En el Cupo se incluyen las compensaciones del impuesto de producción de energía eléctrica que se recauda en el País Vasco, unos 40 millones, que se suman a la compensación de las políticas activas de empleo, de 225 millones este mismo ejercicio.
Otras compensaciones que se agregarán son las de los tributos de alcohol, cerveza, tabaco e hidrocarburos, entre otros, lo que se ha cuantificado en 87 millones.
Más compensaciones, esta vez provenientes del año pasado: de 2016 proviene un cupo líquido (tesorería) de 1.041 millones, una cifra que se incrementa en 84 millones por las compensaciones de los impuestos de alcohol, tabaco o hidrocarburos.
El plan económico-financiero del País Vasco, consecuencia de no haberse ajustado a la regla de gasto del año pasado, y la consecución de la senda de estabilidad presupuestaria y de los objetivos de déficit para los próximos años también forman parte del acuerdo de este miércoles.
Montoro, al igual que Azpiazu, se ha congratulado de la «relación leal, franca y colaboradora» entre los dos gobiernos, lo que le ha llevado a manifestar que un acuerdo como el rubricado es una piedra más en el edificio de la recuperación económica y de la lucha contra el paro.
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