El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado que la futura Ley de Educación tendrá que ser «flexible» para tener en cuenta la evolución de las necesidades del sistema educativo, la revolución digital y también las «singularidades» de las comunidades autónomas.
En respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado sobre la política relativa a los funcionarios docentes, Méndez de Vigo ha sostenido que «es necesario trabajar en un marco jurídico de acceso estable, que sea permanente y previsible» y esté basado en los principios de mérito y capacidad y sujeto a evaluación.
«Somos conscientes de la importancia de dar certeza y seguridad a los profesionales», ha subrayado, para recordar que la tasa de reposición es de nuevo del 100 % y que se pretende reducir la interinidad en las plantillas docentes en un 90 % en los próximos tres años con el objetivo de que la tasa de interinos sea del 8 %.
La senadora del grupo vasco María Eugenia Iparragirre ha alertado de que una tasa de reposición del 100 % y junto a la actual política de sustituciones no reducen la tasa de interinidad, tan sólo permiten cubrir vacantes por jubilación.
Además, ha criticado que el Ejecutivo limite la capacidad de actuación del País Vasco a través de diferentes leyes y de medidas de racionalización del gasto.
«Nuestra actuación debe responder a razones de índole pedagógica, algo que debe determinar cada comunidad autónoma, y no a razones de índole económica«, ha dicho Iparragirre.
Méndez de Vigo ha insistido en que, pese a las discrepancias en las interpretaciones de leyes y competencias, el Gobierno tratará de «encajar» las visiones y ha asegurado que «busca permanentemente la colaboración con los gobiernos de las distintas comunidades autónomas».
El ministro ha reconocido que la educación en España es «mejorable», pero ha defendido que no hace falta reformularla completamente, porque «no es necesario partir de cero».
En ese sentido, ha destacado que hay que aprovechar las mejores experiencias de las comunidades autónomas para desarrollarlas en otros territorios.
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