El órgano consultivo, presidido por María Teresa Fernández de la Vega y al que se ha incorporado recientemente Soraya Sáenz de Santamaría, no ve apropiado el recurso.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce «idóneo».
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por «sentido de Estado», ya que entiende que la resolución del Parlament es «inconstitucional» y que, en todo caso, «respeta» la resolución del Consejo de Estado.
La reprobación
La resolución del Parlament, presentada por Catalunya en Comú Podem y aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, condena la toma de posición del rey en el «conflicto catalán», así como lo que considera «justificación de la violencia» policial el 1-O, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que el Parlament califica de «caduca y antidemocrática».
El dictamen del Consejo
El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque «supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República».
Considera además que su «intento de abolición de la monarquía» y su «atraque injustificado al Rey» es inadmisible y representa una «extralimitación de sus funciones».
El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que la resolución del Parlament es «netamente política, no jurídica» y señala que ese tipo de mociones parlamentarias «no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos».
Celaá ha destacado que el dictamen, señala, no obstante, que esa resolución supone un «grave atentado al principio de lealtad institucional» y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una «total falta de respeto» a la más alta magistratura del Estado.
