El Gobierno de Pedro Sánchez asesta un golpe sin precedentes a la Justicia española con la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). La reforma, promovida por el Ministerio de Justicia, pretende modificar de raíz el sistema penal español al otorgar la dirección de las investigaciones a los fiscales y apartar de esa tarea a los jueces de instrucción. Sin embargo, todo apunta a que el texto no contará con los apoyos suficientes en el Parlamento para salir adelante.
Según el anteproyecto, el Ministerio Fiscal asumirá el mando de las pesquisas penales y tendrá bajo su dependencia a la Policía Judicial, incluidas unidades especializadas como la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional. Los jueces quedarían relegados a un papel de control: uno de ellos, denominado juez de garantías, se encargará de velar por los derechos fundamentales durante la investigación, autorizar registros, prisiones provisionales o escuchas, y otro, el juez de la audiencia preliminar, decidirá si existen indicios suficientes para abrir juicio oral. En caso afirmativo, un tercer magistrado sería el encargado de juzgar los hechos.
El Ejecutivo justifica esta reestructuración como un intento de adaptar la justicia penal a los estándares europeos, pero sus críticos advierten que el cambio concentra un poder inédito en manos de la Fiscalía. Para reforzar su estructura, el proyecto incluye una profunda modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ampliando el mandato del fiscal general del Estado a cinco años, no renovables, y desvinculando su cese del del Gobierno que lo nombró. Actualmente, la ley establece un mandato de cuatro años que finaliza automáticamente cuando cambia el Ejecutivo.
Uno de los puntos más controvertidos es el nuevo papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio frente al del fiscal general si logra el respaldo de tres quintas partes de sus miembros. Aunque esta medida pretende evitar injerencias políticas, lo cierto es que la cúpula fiscal está formada mayoritariamente por perfiles de tendencia progresista, muchos de ellos vinculados a la Unión Progresista de Fiscales y designados durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Dado que estos miembros se mantienen en el cargo hasta los 72 años, el Gobierno actual se asegura, de facto, una influencia prolongada en las decisiones más sensibles de la institución.
La reforma también limita el ejercicio de la acusación popular, restringiendo quién puede personarse en los procesos. Quedarán excluidos partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y asociaciones dependientes de ellos. No obstante, se permitirá su actuación en determinados delitos como los de corrupción, violencia de género, odio, financiación ilegal de partidos o vulneraciones de derechos de los consumidores.
De recibir luz verde en las Cortes, la nueva LeCrim entraría en vigor el 1 de enero de 2028, y no afectaría a causas ya iniciadas ni al mandato del actual fiscal general del Estado. No obstante, la aprobación del texto coincide con un momento especialmente delicado: Álvaro García Ortiz deberá comparecer ante el Tribunal Supremo la próxima semana, acusado de la filtración de información reservada sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
