La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que habría regularizado de forma fraudulenta a cientos de inmigrantes mediante empresas ficticias y contratos laborales inexistentes. La denominada operación Taylor se ha saldado con 90 detenidos y la investigación de 109 expedientes ilegales.

Según informa el ABC, el núcleo de la trama giraba en torno a una gestoría que posteriormente habría cambiado de actividad a agencia inmobiliaria durante el desarrollo de las pesquisas.

La red daba de alta a extranjeros ilegales mediante precontratos en empresas pantalla domiciliadas en la misma dirección. Estas mercantiles carecían de actividad real, pero permitían simular relaciones laborales que facilitaban el acceso a permisos de residencia, arraigo, reagrupación familiar e incluso el inicio de trámites de nacionalidad.

Por cada expediente, los responsables cobraban alrededor de 4.000 euros, además de 800 euros mensuales en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, pese a que no existía empleo efectivo. Los investigadores estiman que las cabecillas —entre ellas dos abogadas— habrían obtenido más de 400.000 euros.

Siete personas conformaban el núcleo principal del entramado: la responsable del negocio, dos de sus hijas, otra colaboradora, dos abogadas especializadas en extranjería y un mediador colombiano encargado de captar clientes. Están acusados de falsedad documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y organización criminal.

Además, otras 83 personas extranjeras fueron detenidas por su presunta participación en la falsificación documental. Según la investigación, la mayoría proceden de Colombia, Chile y Venezuela, y no todos residían en Madrid, sino también en Barcelona, Valencia, Málaga, Toledo, Mallorca y Gerona.