Mientras la CUP llama al alzamiento y a ‘parar toda Cataluña’, Torra comparece tras su ayuno de 48 horas para apelar a la revolución pacífica y el Gobierno se corrige -una vez más- a sí mismo con el Consejo de Ministros.
La CUP y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) han anunciado este martes una campaña que tiene como finalidad conseguir que Cataluña quede paralizada con movilizaciones a partir del primer día del juicio a los líderes independentistas por el caso «procés», fijado para el 18 de diciembre.
La campaña será presentada públicamente y concretada en un acto que tendrá lugar el próximo miércoles 19 en el Teatro Poliorama de Barcelona, aunque la CUP y el SEPC ya han empezado a mantener contactos con el resto de fuerzas políticas, sindicatos y entidades sociales y culturales, y toman como referente la huelga general que se produjo el 3 de octubre de 2017.
Según el diputado de la CUP Carles Riera, el objetivo de la campaña y de la movilización permanente a partir del día de inicio del juicio a los presos independentistas acusados de sedición y rebelión, es protestar contra «esta macro-causa» judicial, así como «reivindicar el derecho de autodeterminación y la independencia y tumbar el ‘régimen del 78′».
Riera ha precisado que la campaña lleva como lema «¡Alcémonos y parémoslo todo! ante el recorte de derechos civiles, políticos y sociales», y ha explicado que no se trata de protestar únicamente contra el Tribunal Supremo.
«La represión -ha apuntado- va mucho más allá y se visualiza también en causas en la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y diversos juzgados», y afecta «no solo a líderes políticos sino también a militantes, alcaldes y concejales, y a muchas personas del tejido social y productivo del país».
Carles Riera ha subrayado: «Haremos todo lo posible para pararlo todo» a fin de «acusar al Estado y organizar una línea de reivindicación de lo que hicimos en octubre de 2017, y que volveremos a hacer, para defender el derecho de autodeterminación y a la independencia, para tumbar al ‘régimen del 78’, y porque somos anticapitalistas».
Este mismo diputado de la CUP ha resumido la finalidad de la campaña de movilizaciones con esta frase: «Queremos que el juicio tenga un efecto bumerán democrático, y que se convierta en un juicio al Estado español».
«Quieren condenar la autodeterminación y nosotros queremos afirmar que esta es la única salida posible al conflicto; hace falta el ejercicio de este derecho, sea cual sea la forma, ya sea a través de un referéndum o con la constitución de la república», ha indicado Riera.
La CUP y el SEPC consideran que «se trata de un juicio a los derechos democráticos básicos, especialmente el de libertad de expresión y manifestación, y además sin ninguna garantía, porque estamos ante un tribunal político de excepción».
La revolución de Torra
Este anuncio de Riera se produce en un momento de máxima tensión social, con los CDR cortando carreteras y limitando las libertades de los catalanes y un presidente autonómico, Quim Torra, que ha cuestionado a su propia policía. Tras un ayuno de 48 horas en «solidaridad» con los golpistas presos, Torra ha comparecido este martes ante la prensa y ha apelado a «la revuelta cultural». «Nunca dejaremos de reivindicar una lucha democrática y pacífica», ha dicho hoy, después de haber enarbolado como bandera la ‘vía eslovena’, que dejo decenas de muertos.
El lío del Gobierno
Mientras, y tras una mañana algo descordinada en el entorno de Moncloa, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha zanjado la polémica por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre al confirmar que sí, que habrá consejo en Barcelona.
Declaraciones realizadas sólo horas después de que el ministro de Fomento, José Luis Abalos, «se haya rectificado a sí mismo», al decir, primero, que habría que estudiar si la celebración del Consejo en Barcelona tendría algún beneficio y, a renglón seguido, asegurar no haber dudado nunca sobre la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad condal.
Lastra considera normal que el Gobierno pueda reunirse en Barcelona, «una ciudad española», ha recordado, tal y como hizo el pasado mes de octubre en Sevilla: «Las 17 autonomías españolas pertenecen a este gran Estado que es España», ha remarcado.
No parece una reunión tan normal cuando el Ejecutivo prevé el envío de agentes de Policía para hacer frente a los disturbios que previsiblemente se produzcan por parte de los radicales de los CDR.
