«Si los condenados tienen derecho constitucional de reinserción, ¿por qué no podrían tenerlo los guardias civiles sancionados disciplinariamente?», apostillan desde IGC.
A mediados de los años ochenta, tras la aprobación de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía Nacional fue desmilitarizada y legalizados los sindicatos de Policía para la defensa de los intereses económicos y sociales de los policías. Por contra, la Guardia Civil permanecía militarizada y privada no sólo del derecho de sindicación sino también del derecho de asociación profesional.
Ante dicha situación, los guardias civiles, que al igual que los policías nacionales se habían coaligado en asociación, en lo que fue llamado como el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), quedaron al margen de reconocimiento legal del derecho constitucional de asociación profesional o del derecho de sindicación para policías y Fuerzas Armadas, reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Fue a finales de los años ochenta cuando el movimiento clandestino, a falta de su reconocimiento legal, buscó formas de constitución bajo el amparo del artículo 22 de la Constitución, que protegía el derecho de asociación a todas las personas, para fines que se consideraran lícitos. Así, el por entonces dirigente del SUGC, el Cabo 1º Manuel Rosa Recuerda inició la vía de registro de la asociación Unión Democrática de la Guardia Civil (UDGC), siendo encarcelado por ello y estando preso preventivo 9 meses en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), hasta que por Auto del Tribunal Constitucional fue excarcelado.
Ante la imposibilidad de registro de una asociación, por entonces con caracteres de organización corporativa, otros guardias civiles junto con Manuel Rosa Recuerda intentaron registrar una asociación deportiva y cultural de la Guardia Civil, rechazada por el registro del Ministerio de Interior, ante la presunción de que lo que se pretendía era darle carta de legalidad al sindicato clandestino de la Guardia Civil y por tanto entendiendo que el registro se hacía en fraude de ley.
Los guardias civiles que junto con el anterior promovieron el registro de la asociación deportiva y cultural de la Guardia Civil fueron José Piñeiro González y Joaquín Parra Cerezo, hoy Sargento en activo de la Guardia Civil.
Ante la imposibilidad de los guardias civiles de registrar una asociación que les diera carta de legalidad y a partir de ese momento exponer abiertamente sus deseos y anhelos de consecución de derechos constitucionales y profesionales, dando a conocer su situación de trabajo, de hasta ochenta horas semanales bajo unas condiciones de trato no ajustadas a la Carta Magna, no tuvieron más remedio que seguir poniendo en conocimiento de la opinión pública su situación a través de la denominación, ya arraigada en los medios de comunicación y sociedad, de clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).
Tras progresivos años de lucha ante los Tribunales, pasado más de un lustro, tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, vinieron a reconocer a los guardias civiles su derecho a coaligarse para la defensa de sus intereses económicos y sociales, si bien con la limitación de no ejercicio de los derechos inherentes al derecho sindical, como la huelga o el conflicto colectivo, dado su carácter de Instituto Armado de naturaleza militar, lo que permitía según la propia Constitución que el Poder Legislativo pudiera someterles a disciplina militar.
Para cuando se produjeron esas sentencias, obtenidas entre otros por el propio Manuel Rosa Recuerda, José Morata Gargallo, y Joaquín Parra Cerezo para el caso de la Unión Democrática de Guardias Civiles, asociación COPROPER, y la Asociación para el Progreso de la Guardia Civil, respectivamente promovidas por los citados, tanto Rosa Recuerda, Morata Gargallo, José Piñeiro, y el ya fallecido Manuel Linde Falero, se encontraban fuera de la Guardia Civil, expulsados por una supuesta falta muy grave tipificada en el vigente Régimen Disciplinario de la Guardia Civil como realizar actos contrarios a la dignidad exigible a todo miembro de la Guardia Civil, por el hecho de haber integrado una organización sindical clandestina o promover un sindicato prohibido para los guardias civiles.
Tras casi 30 años desde los primeros momentos que originaron los hechos motivo de sanción, los guardias civiles han seguido un peregrinar angustioso, intentando su reingreso tras los cambios de la ley disciplinaria, las sentencias reconociendo el derecho de asociación profesional a los guardias civiles y la promulgación de la posterior ley de derechos y deberes de los guardias civiles que se vio en la obligación de amparar el mismo.
Siendo que hasta hace casi 10 años, ningún partido político se hizo eco de sus demandas de reingreso, hasta que el por entonces grupo parlamentario UpyD liderado por Rosa Diez, formuló en las Cortes Generales una proposición no de ley, para que se removieran todos los obstáculos que impedían el reingreso de estos guardias civiles, llevándose a efecto.
Por la intervención de las asociaciones profesionales IGC y AUGC, se sumaron otros partidos políticos a la iniciativa legislativa de Rosa Diez, tanto Izquierda Unida, como el PSOE en el Gobierno y el grupo parlamentario del Partido Popular. Tal fue la repercusión, que se iniciaron trámites en la Dirección General para instruir un expediente administrativo de reingreso, hasta que se truncaron estos planes por cambios de Gobierno.
A día de la fecha los exguardias civiles José Piñeiro, José Morata y Manuel Rosa, siguen acudiendo a las vías Institucionales para lograr el reingreso y el reconocimiento de algún derecho retroactivo desde que fueron separados del servicio por buscar, en definitiva, una forma de registro de una asociación profesional, derecho hoy ya conseguido por anteriores sentencias reconociendo la vulneración de ese derecho por parte de anteriores Gobiernos.
Todos los partidos políticos y la propia Dirección General de la Guardia Civil saben de las pretensiones de los exguardias civiles, contando hasta con el visto bueno favorable de los mismos, para buscar una formula legal o reglamentaria que lo permita, lo que no debe ser tan difícil según la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) que ha suscrito el manifiesto de reingreso presentado ante las diversas Instituciones del Estado.
Independientes de la Guardia Civil (IGC), con su presidente al frente, el sargento en activo Joaquín Parra Cerezo, que fuera precisamente en aquellos tiempos el máximo dirigente del SUGC, también expulsado por dos veces de la Guardia Civil pero que, a diferencia de los anteriores, sí consiguió sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo que facilitaron su reingreso, no entiende que se pongan trabas a la solicitud de los compañeros expulsados, si él igualmente militó y hasta dirigió ese sindicato, estando prestando servicio tiempo después por más de un cuarto de siglo hasta la fecha, sin que ello haya supuesto ningún acto contrario a la dignidad exigible a todo miembro de la Guardia Civil.
IGC recuerda que desde hace ya bastantes años, España ha suscrito, de obligada forma, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, por mor de su integración en la Unión Europea, con el actual estatus jurídico. Y es precisamente ese Convenio, que se debe aplicar en su totalidad y directamente a todos los ciudadanos de la Unión, el que ampara el derecho de sindicación, que con limitaciones se reconoce no sólo a las policías sino también a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto y a tenor de lo expuesto anteriormente, defiende IGC, «no tiene justificación ni fundamento alguno impedir la reinserción de esas personas que llevan décadas sufriendo, simplemente por haber buscado en su momento una forma de coaligación de los guardias civiles en la defensa de sus intereses económicos y sociales».
«Si los condenados tienen derecho constitucional de reinserción, ¿por qué no podrían tenerlo los guardias civiles sancionados disciplinariamente?», apostillan desde IGC.
