El Ministerio de Igualdad avanza en su estrategia para reforzar el blindaje legal del aborto y estudia implantar un «perímetro de seguridad» en torno a los abortorios con el objetivo de impedir concentraciones provida en sus inmediaciones.
Así lo anunció la ministra Ana Redondo durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, al responder a una pregunta formulada por EH Bildu sobre el acceso a los centros donde se practican abortos. Según explicó, desde el Instituto de las Mujeres se analiza la posibilidad de delimitar una zona alrededor de estas clínicas para evitar la «ubicación» de entidades y asociaciones que, a juicio del Gobierno, «coaccionan» o «hostigan» a las mujeres.
La propuesta surge tras la absolución, el pasado mes de diciembre, de 21 integrantes de colectivos provida en Vitoria que habían sido acusadas de coacciones y hostigamiento por rezar o concentrarse en las proximidades de un centro abortista. La diputada de EH Bildu Isabel Pozueta instó al Ejecutivo a adoptar medidas adicionales para impedir cualquier tipo de presión sobre quienes acuden a estos establecimientos.
Redondo confirmó que el Ejecutivo no sólo estudia la creación de ese perímetro, sino que también trabaja en reforzar la protección jurídica del aborto por otras vías, incluyendo su posible incorporación a la Constitución mediante el artículo 43, relativo al derecho a la protección de la salud. Además, defendió la extensión de la práctica a hospitales públicos como fórmula para evitar protestas en el entorno de clínicas privadas.
En paralelo, el grupo parlamentario Sumar ha registrado una proposición de ley para modificar el artículo 172 quater del Código Penal y establecer una zona de exclusión de 200 metros alrededor de los centros donde se practiquen abortos, prohibiendo concentraciones contrarias en ese espacio.
