El sistema de protección contra la violencia contra las mujeres alcanza en 2026 uno de sus peores indicadores desde que existen registros. Desde el inicio de la serie histórica, en 2003, nunca había sido tan alto el porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que habían denunciado previamente a su agresor: el 37,5%.
De las 24 mujeres asesinadas en lo que va de año, nueve ya habían advertido a las autoridades. El dato supera con claridad el del año pasado, cuando el porcentaje fue del 22,9%, con 11 víctimas de un total de 48. También queda por encima del registrado en 2019, antes del regreso del Ministerio de Igualdad como cartera separada de Sanidad, cuando el porcentaje fue del 23,2%.
El repunte apunta directamente al fracaso del sistema institucional de protección. No se trata sólo de mujeres que no llegaron a pedir ayuda, sino de víctimas que sí habían denunciado y que, pese a ello, terminaron asesinadas, detalla The Objective. El dato golpea al departamento que dirige la ministra de Igualdad Ana Redondo, tras el polémico paso de la exministra Irene Montero por la cartera.
Además, 2026 acumula ya 24 víctimas mortales antes del verano, la época que suele concentrar algunos de los momentos más dramáticos en este tipo de crímenes. Para encontrar una cifra similar a estas alturas del año hay que remontarse a 2020, cuando el movimiento feminista tomó las calles bajo el lema «Nos va la vida en ello».
La abogada penalista Paula Fraga considera que el fallo es institucional porque se trata de «mujeres que ya no eran invisibles para las instituciones» y de casos de «violencia identificada». A su juicio, el problema exige revisar los protocolos de valoración del riesgo, que determinan las medidas de protección aplicadas a cada víctima.
Fraga advierte de que las órdenes de alejamiento no bastan si el agresor decide incumplirlas, como quedó de manifiesto con los problemas de las pulseras antimaltrato. La penalista reclama reforzar tanto la vigilancia sobre los agresores como la protección policial específica de las mujeres en situación de riesgo.
Otro dato agrava el diagnóstico: tres de las nueve víctimas que habían denunciado decidieron no continuar con el proceso. Para Fraga, eso revela la necesidad de un acompañamiento psicológico más eficaz y sostenido. La jurista señala que el Ministerio de Igualdad cuenta con uno de los presupuestos más elevados y acusa al departamento de destinar recursos a asuntos «intrascendentes cuando no perjudiciales para la causa de las mujeres», en lugar de concentrarlos en la protección de las víctimas.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres lleva tiempo denunciando el mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La asociación ha elaborado un mapa con 130 casos de posible malversación de caudales públicos vinculados a actividades como carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú posterior.
El vocal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid Alberto Rodríguez sostiene que una prevención eficaz exige un análisis pormenorizado de cada homicidio. El criminólogo defiende que deben estudiarse los factores de riesgo añadidos en cada caso, como consumo de drogas, demencia en personas mayores o factores culturales, para ajustar las políticas de prevención a cada sector de la población.
Ante el repunte de asesinatos, la ministra de Igualdad Ana Redondo y su departamento han convocado varios comités de crisis durante el año. En abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de casi 180 millones de euros a las comunidades autónomas para aplicar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025 con 461 medidas.
Entre las propuestas anunciadas figuran la mejora del sistema VioGén con inteligencia artificial, evaluaciones de riesgo más profundas y personalizadas, el refuerzo de la llamada «cadena de protección», más pulseras de control telemático, más prisiones provisionales y mayor contundencia contra agresores reincidentes, sin penas alternativas como trabajos en beneficio de la comunidad.
Sin embargo, muchas de esas medidas aún no se aplican. Mientras tanto, el peor dato de la serie histórica en mujeres asesinadas que ya habían denunciado a su agresor deja al descubierto una contradicción central: más presupuesto, más planes y más estructura ministerial no han evitado que el sistema falle precisamente con las víctimas que ya habían pedido ayuda.
