El presidente de la Generalidad Catalana, Salvador Illa, destinará 100 millones de euros a las 21 delegaciones repartidas en más de 70 país. Actualmente, estas delegaciones en el exterior, que se dedicaron durante el golpe del 1 de Octubre de 2017 a denunciar la supuesta represión española y justificar la secesión catalana, cuentan con un presupuesto de 19 millones de euros, lo que representa el doble del de la Casa Real.
El mantenimiento de esta partida se da en un contexto marcado por los privilegios económicos otorgados a Cataluña por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la condonación de la deuda o la implementación de una «financiación singular», lo que ha generado un agravio comparativo con el resto de comunidades. Tanto es así que, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará la condonación catalana ante la Justicia.
Aun así, el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, consideró el mes pasado la posibilidad de abrir nuevas delegaciones en el extranjero una vez se hayan «consolidado» las actuales. De hecho, con ese propósito, en diciembre creó una nueva dirección general para coordinar esta red y promover la oficialidad del catalán en Bruselas.
