El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata ha citado como imputada a Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, dentro de una investigación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con la adjudicación de contratos públicos. Junto a ella también deberá declarar como investigada su pareja, Elisabeth García, en el marco de unas diligencias centradas en la actividad de las empresas que ambas comparten y que gestionaban los denominados puntos violeta para distintos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

La causa judicial analiza la actividad de las sociedades Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e Imber Consultoría de Igualdad, que obtuvieron decenas de contratos menores de administraciones locales, en su mayoría gobernadas por PSOE y Compromís, según adelanta Las Provincias. Parte de esas adjudicaciones se produjeron mientras Isabel García ocupaba la dirección del Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que dio lugar a la apertura de diligencias en septiembre de 2024 por parte del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia. El procedimiento, adelantado en su momento por The Objective, se centraba en al menos 64 contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a García y a su pareja. Posteriormente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata, que ha acordado ahora la citación de ambas como investigadas.

La polémica ya tuvo consecuencias políticas el pasado año. Isabel García fue cesada en julio de 2024 después de que saliera a la luz que las sociedades relacionadas con ella y con Elisabeth García habían ingresado alrededor de 250.000 euros mediante estos contratos públicos. Tras su destitución, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, designó a la socióloga Cristina Hernández como nueva responsable del Instituto de las Mujeres.

El escrito presentado por Manos Limpias también repasaba la trayectoria política de la ex alto cargo socialista. En las elecciones generales de 2019 figuró en el sexto puesto de la candidatura del PSOE por Valencia encabezada por José Luis Ábalos, aunque finalmente fue apartada tras verse implicada en otra investigación relacionada con subvenciones concedidas al equipo del exmotociclista Manuel Herreros, conocido como Champi. A pesar de ello, posteriormente fue incorporada como asesora en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos, donde trabajó entre 2019 y 2022.

La denuncia sostiene que la notoriedad de Isabel García en el ámbito de las políticas de igualdad facilitó que sus empresas accedieran a numerosas contrataciones públicas. Según el sindicato encabezado por Miguel Bernard, su trayectoria profesional y el reconocimiento obtenido en distintos organismos públicos, entre ellos el Premio Va de Dona de la Federación de Pilota Valenciana en 2022, habrían favorecido que diferentes ayuntamientos gobernados por el PSOE recurrieran a sus sociedades para la prestación de estos servicios.

Por su parte, la defensa de la exdirectora ha solicitado desde el inicio el archivo de las actuaciones al considerar que la denuncia se basa únicamente en conjeturas y carece de pruebas que acrediten una actuación ilícita. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha respaldado la continuidad de la investigación y ha avalado las diligencias acordadas por el juzgado, entre ellas el examen de la documentación contable de las dos mercantiles y los requerimientos dirigidos a los ayuntamientos para recabar todos los expedientes de contratación.