El Congreso de los Diputados ha sido escenario de un episodio sin precedentes que ha desatado una oleada de críticas desde distintos sectores de la sociedad. La comparecencia de Mohamed Houli, integrante de la célula terrorista que perpetró los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, ha generado un profundo malestar en las Fuerzas de Seguridad y en las asociaciones de víctimas del terrorismo. La decisión de permitir que un condenado a 43 años de prisión testificara en la sede de la soberanía nacional ha sido calificada de «vergonzosa» y «ofensiva» por parte de agentes de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y representantes de las víctimas.
El testimonio de Houli, promovido por Junts y avalado por el PSOE, ha sido interpretado como una cesión política del Gobierno a sus socios independentistas, lo que ha añadido aún más tensión a la controversia. La intervención del terrorista ha servido para lanzar graves acusaciones sin respaldo probatorio contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que ha provocado indignación en los cuerpos policiales. «Que un individuo con una condena de esta magnitud pueda difundir teorías conspirativas en el Congreso es un despropósito», señalan fuentes de las Fuerzas de Seguridad a Abc.
Desde los principales sindicatos policiales han alzado la voz contra lo ocurrido. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que «se ha convertido el Congreso en un escenario de propaganda para un terrorista«, mientras que Jupol ha tildado la sesión de «auténtico insulto» a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Llevar a un yihadista a una comisión parlamentaria con el único objetivo de sembrar dudas sobre la actuación del Estado es inaceptable», remarcan desde estas organizaciones.
Entre los Mossos d’Esquadra la reacción ha sido igualmente contundente. «Es un despropósito absoluto que un condenado por terrorismo tenga el altavoz del Congreso para lanzar falsedades», ha declarado un alto mando de la policía autonómica catalana. En la misma línea, fuentes de la Policía Nacional han expresado su perplejidad: «Después de esto, cualquiera podrá ir al Congreso a soltar barbaridades sin consecuencias«.
Las asociaciones de víctimas también han manifestado su rechazo absoluto. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha sido tajante al afirmar que «los terroristas sólo deben hablar ante la Policía y los jueces, no en la sede de la soberanía popular«. Maite Araluce, presidenta de la AVT, ha denunciado que «lo que ha sucedido es indignante. Dar voz a un terrorista es una humillación para las víctimas».
Por su parte, Covite, encabezada por Consuelo Ordóñez, ha calificado la comparecencia como «una vergüenza absoluta». «Que un terrorista vaya al Congreso a mentir es inadmisible. ¿No existen filtros? ¿Nadie en el Congreso se dio cuenta de que estaban llamando a declarar a un yihadista?», ha cuestionado.
Quienes vivieron en primera persona el horror del 17-A también han mostrado su indignación. Yolanda Ortiz, afectada por el ataque, ha asegurado que la declaración de Houli «fue una burla a todas las víctimas«. Miguel López, que se encontraba en La Rambla junto a su hija el día del atentado, ha confesado que «no pudo soportar» escuchar al terrorista. «Si tenía algo que decir, debía haberlo hecho ante el juez», ha señalado.
El rechazo es unánime entre las víctimas, que consideran que lo ocurrido es una instrumentalización política de su dolor. «Nos usan como moneda de cambio», lamentan, mientras exigen que se siga investigando qué fallos se cometieron en la prevención del ataque, pero sin dar voz a los terroristas.
