Un mensaje que circuló por las redes sociales estableció como principal objetivo provocar un gran apagón en Ceuta mediante ataques contra su infraestructura eléctrica en plena invasión desencadenada tras las entradas masivas del pasado 30 de julio. Los llamamientos buscaban que grupos con capacidad técnica dirigieran acciones de sabotaje contra la ciudad autónoma como respuesta a la supuesta falta de ayuda prestada a los inmigrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera.

La existencia de esta amenaza aparece recogida en un informe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) sobre la evolución de la invasión. El documento, cuya existencia fue revelada por la ministra Margarita Robles durante su comparecencia en el Congreso, analiza el papel desempeñado por las redes sociales y divide los acontecimientos en tres etapas diferenciadas.

La primera se remonta al 8 de julio de 2026, después de una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con las devoluciones a Marruecos de quienes accedieran a Ceuta a nado. Según el análisis militar, determinados mensajes comenzaron entonces a alcanzar una elevada difusión entre jóvenes a través de las plataformas digitales. Las redes vinculadas al tráfico irregular de personas habrían contribuido además a amplificar estas narrativas.

La segunda fase se concentra en el 30 de julio. Conforme las primeras personas conseguían atravesar la frontera, comenzaron a difundirse vídeos desde territorio ceutí animando a otros jóvenes a realizar el mismo recorrido. Algunas publicaciones incorporaban además reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, multiplicando su alcance mientras decenas de miles de personas se dirigían hacia la frontera.

Es durante la tercera etapa, ya centrada en las consecuencias de la entrada masiva y en la gestión de los retornos, cuando el informe sitúa los llamamientos más preocupantes. En internet comenzaron a circular acusaciones contra diferentes sectores de la sociedad ceutí, incluidos musulmanes de la ciudad a los que se reprochaba no haber prestado suficiente asistencia a los recién llegados.

La campaña habría dado posteriormente un salto desde los mensajes de protesta hacia posibles acciones contra infraestructuras críticas. Según la documentación militar, se instó a realizar ciberataques y sabotajes específicamente dirigidos contra la red de distribución eléctrica de Ceuta. El propósito señalado era dejar sin suministro a la ciudad y agravar el desorden existente mediante un apagón de grandes dimensiones.

Las revelaciones aparecen además en mitad de las diferencias públicas entre los ministerios de Defensa e Interior sobre la información disponible antes del 30 de julio. Margarita Robles aseguró que el CNI trasladó información a la Delegación del Gobierno en Ceuta durante los días anteriores a las entradas masivas y defendió el trabajo desarrollado tanto por este organismo como por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y las Fuerzas Armadas.

Fernando Grande-Marlaska ha mantenido, por su parte, que los servicios de inteligencia no emitieron una alerta específica que anticipara una entrada de las dimensiones finalmente registradas. Las declaraciones han abierto un debate sobre qué información manejaban las diferentes instituciones del Estado y cuál fue su grado de precisión antes de que estallara la invasión.

El documento del Estado Mayor incorpora ahora otro elemento a esa discusión: la utilización del entorno digital no solo para incentivar movimientos hacia la frontera, sino también para promover acciones destinadas a aumentar la desestabilización posterior. Robles ya advirtió en el Congreso de que todavía quedan aspectos de la invasión por esclarecer y que algunas respuestas únicamente podrán conocerse con el paso del tiempo.