El borrador de Real Decreto elaborado para responder a la invasión que atraviesa Ceuta no incluye ninguna referencia expresa a la expulsión de los inmigrantes que permanecen ilegalmente en la ciudad tras las entradas masivas del 30 y 31 de julio. El documento, conocido coincidiendo con la llegada a Ceuta del ministro Ángel Víctor Torres como responsable del mando único, plantea en cambio una movilización prolongada de recursos públicos para gestionar su permanencia.
El texto define la invasión como la «permanencia temporal indeterminada» de un elevado número de personas en situación irregular mientras se completan los procedimientos administrativos correspondientes. Según el borrador, esta circunstancia está desbordando las capacidades ordinarias de acogida, asistencia y seguridad de Ceuta y alterando el funcionamiento habitual de las administraciones.
La ausencia de referencias a los retornos contrasta con las declaraciones realizadas anteriormente por miembros del Ejecutivo como Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, que habían hablado de expulsiones. El documento tampoco concreta el número de personas que continúan en Ceuta ni establece en su redacción conocida un calendario específico para su salida.
Otro de los puntos que ha provocado críticas es la forma en la que el Gobierno describe el origen de la situación. El borrador menciona una «afluencia masiva y simultánea» ocurrida el 30 de julio, pero no califica expresamente aquellos acontecimientos como un ataque contra la frontera española ni como una vulneración de la integridad territorial.
Esta cuestión ya había sido señalada por el presidente ceutí, Juan Vivas, quien ha lamentado que el documento no recoja explícitamente que los acontecimientos del 30 y 31 de julio supusieron, en sus palabras, una «vulneración de nuestra integridad territorial». Vivas también ha advertido de los efectos de la invasión sobre la seguridad ciudadana, la sanidad, la salud pública, los servicios esenciales y la convivencia.
El proyecto contempla declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional que abarcaría toda Ceuta, incluida la frontera terrestre, los puestos fronterizos, el litoral, el puerto y las aguas adyacentes sobre las que España tenga soberanía, jurisdicción o competencias. La medida permanecería vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y podría ser prorrogada.
La dirección y coordinación corresponderían al Consejo de Seguridad Nacional, mientras que las diferentes administraciones, organismos y entidades implicadas quedarían obligadas a colaborar aportando los recursos humanos y materiales necesarios conforme a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. Ángel Víctor Torres, como responsable del mando único, tendría a su cargo la coordinación de buena parte de los medios movilizados.
Uno de los aspectos más controvertidos afecta precisamente a las instalaciones que podrían utilizarse para alojar a inmigrantes. El borrador contempla recurrir a los polideportivos de Ceuta y estudiar otros espacios como el Hospital Militar, la antigua fábrica de harinas o el acuartelamiento Fiscer, algunos de los cuales ya habían sido descartados anteriormente.
La estrategia dibujada por el documento apunta así a reforzar la capacidad de alojamiento y gestión dentro de Ceuta durante los próximos meses, mientras permanecen sin concretarse en el propio borrador las expulsiones reclamadas desde distintos sectores. Una circunstancia que ha incrementado las dudas sobre cuánto tiempo permanecerán estas personas en la ciudad y cuál será finalmente la solución planteada por el Gobierno.
