El ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para impugnar la decisión del juez Adolfo Carretero de suspender provisionalmente la causa debido a la «incapacitación temporal» de Carla Vall, abogada de Elisa Mouliáa, quien se encuentra a punto de dar a luz.
En su escrito, adelantado por La Sexta, Errejón acusa a Mouliáa de presentar una «denuncia falsa» y la señala de actuar con «mala fe», acusándola de «fraude de ley» y «abuso de derecho» al prolongar, de forma que considera tramposa, el proceso judicial. Errejón sostiene que esta maniobra ha dilatado injustamente su «pena de banquillo», aprovechando la baja por maternidad de la abogada.
Según Errejón, esta estrategia busca «provocar intencionadamente dilaciones indebidas» en un caso con gran cobertura mediática, lo que, a su juicio, incrementa la presión pública sobre él. Además, argumenta que, en lugar de elegir a Vall, Mouliáa podría haber optado por “decenas de miles de abogados disponibles en toda España” que podrían haber actuado de inmediato en el proceso. El recurso incluye también declaraciones de Mouliáa en las que ella mencionaba la intención de presentar una «denuncia colectiva» contra el ex dirigente de Sumar.
El recurso subraya que permitir personaciones de este tipo podría crear un «precedente judicial peligroso» al legitimar lo que describe como “fraude procesal”. Errejón advierte que la aceptación de abogados temporalmente incapacitados podría dar lugar a que denunciantes o investigados utilicen esta táctica para paralizar causas penales indefinidamente, alargando así no solo las penas de banquillo, sino también el castigo mediático.
El documento de la defensa, encabezado por la abogada Elena Gimbernat, también destaca que Vall obtuvo su baja médica el 7 de noviembre, cuando aún no había sido formalmente designada como abogada de Mouliáa ni estaba «formalmente personada» en el caso. Por lo tanto, Errejón entiende que Mouliáa eligió a una abogada consciente de que no podría ejercer temporalmente debido a su situación médica. «El fraude de ley y abuso de derecho son evidentes», concluye el recurso, sugiriendo que el propósito era obstaculizar la agilidad del proceso.
