El Ejecutivo comunica que más de 750 hicieron «uso irregular» del asilo y Zoido llama a la embajadora de Argelia por la llegada masiva de inmigrantes en el fin de semana.
El pasado año 770 personas ingresadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lograron evitar su salida de territorio español «haciendo uso irregular» de la figura de protección internacional al solicitarla «in extremis» justo tras serles comunicada su expulsión, según ha señalado el Gobierno.
Se trata de inmigrantes irregulares que llevaban «meses o incluso años» sin haber solicitado el asilo y sin que su situación personal hubiera variado, especifica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a los diputados socialistas Antonio Hurtado, David Serrada y Esther Peña.
Los diputados preguntaron al Gobierno sobre datos de deportaciones y resoluciones de expulsión y devolución, tanto de rechazadas como acordadas, y sobre su reducción.
Ante estas preguntas, el Ejecutivo deja claro en primer lugar que el término deportación no se contempla en la legislación de extranjería, donde solo se recogen los de «expulsión», «devolución» y «readmisión».
Después entra en el fondo de las preguntas y subraya que la reducción de expulsiones, devoluciones y readmisiones se debe a la disminución del número de inmigrantes irregulares tras la crisis económica, la mejora en el control de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos.
Otra de las causas en la bajada de las expulsiones puede encontrarse, dice el Gobierno, en la «negativa» de determinadas representaciones diplomáticas, embajadas o consulados a documentar a sus connacionales, o bien al «retraso sistemático» en la entrega de documentaciones, lo que conlleva la imposibilidad de la expulsión al superarse el periodo de estancia máxima previsto en los CIE.
De hecho, aporta algunos datos, como que en 2015 solo se obtuvieron los documentos requeridos a las misiones diplomáticas en un 53,57 por ciento de los solicitudes, en 2016 en un 47,83 por ciento y este año hasta agosto en un 23,08 por ciento.
El Gobierno llama la atención sobre el aumento «muy significativo» de peticiones de asilo en los CIE, justo en el momento en que se procede a comunicar a los ingresados en ellos su expulsión en cumplimiento de la orden judicial.
Y como lo hacen «in extremis», la expulsión o devolución prevista «ya no puede materializarse» después de denegarse el asilo porque o bien ha pasado el plazo máximo de reclusión en el CIE o bien porque ya no hay posibilidad material de planificar un nuevo vuelo antes de que acabe ese plazo.
Según el Ejecutivo, además de las 770 personas ingresadas en los CIE que hicieron uso irregular de la figura del asilo el año pasado, otras 552 lo hicieron hasta septiembre de este ejercicio, lo que supone un aumento del 7,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2016.
La respuesta incluye datos de expulsiones y devoluciones dictadas, que en el primer caso han pasado de 20.552 en 2015 a las 12.770 del año pasado y a las 6.165 de este ejercicio a fecha 31 de agosto, lo que refleja una notable disminución.
Mientras, las devoluciones se mantienen más estables, con 11.979 en 2014 y 11.828 en este año, también hasta agosto.
Llegada masiva desde Argelia
Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunirá la próxima semana con la embajadora de Argelia en España para solicitar al Gobierno de ese país un mayor control fronterizo en sus costas y frenar así la oleada de inmigrantes irregulares que desde ese país están llegando a España.
Fuentes del Ministerio del Interior han señalado que Zoido trasladará a principios de esta semana a la embajadora esa necesidad de mayor control después de que en apenas 48 horas hayan sido interceptados y rescatados en alta mar en aguas de la Región de Murcia 519 personas, que han llegado en 49 pateras.
Zoido trasmitirá a las autoridades diplomáticas argelinas su preocupación por la «avalancha alarmante» de pateras que están llegando a las costas españolas desde ese país, fundamentalmente a las de Murcia.
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