El proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en una nueva fase tras el cierre, el pasado martes, del plazo para presentar solicitudes. La Policía Nacional ya ha dado luz verde a cerca de 2.000 expedientes que cumplían todos los requisitos exigidos, entre ellos acreditar la residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.
Fuentes policiales consultadas por Abc señalan que ya se han expedido 1.813 Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), el documento que acredita la situación administrativa regularizada. Estas autorizaciones tienen una vigencia inicial de un año y pueden renovarse hasta completar cuatro años de residencia legal, momento en el que sus titulares podrán solicitar la nacionalidad española. Los beneficiarios ya pueden incorporarse al mercado laboral y cotizar a la Seguridad Social.
La Administración dispone ahora de un plazo de tres meses para examinar de forma individual las cerca de 1,3 millones de solicitudes registradas, una cifra que casi triplica la previsión inicial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que estimaba unos 500.000 beneficiarios.
Las mismas fuentes explican que el objetivo del Ministerio del Interior es «poner el acelerador» en esta segunda fase del procedimiento. Si los agentes detectan dudas sobre la documentación aportada, podrán citar al solicitante para una entrevista o solicitar información adicional, incluso a través de las embajadas de sus países de origen para comprobar, por ejemplo, la existencia de antecedentes penales.
Los sindicatos denuncian un mayor colapso en Extranjería
La revisión individual de cada expediente ha reavivado las críticas de los sindicatos policiales, que alertan de un aumento de la carga de trabajo en unas unidades que, aseguran, llevan años funcionando al límite.
Según distintos mandos policiales, tanto la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) como el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) han tenido que dejar en segundo plano diversas investigaciones para dedicar efectivos a la tramitación de la regularización.
Con el objetivo de absorber ese volumen de trabajo, la Policía Nacional ha activado desde el 1 de julio un plan de choque que se implantará de forma progresiva en las unidades de Documentación con mayor carga de expedientes.
Una circular interna de la Unión Federal de Policía (UFP) establece que la División competente realizará un seguimiento permanente del número de horas extraordinarias y de los documentos confeccionados por cada agente para evaluar la productividad durante este proceso.
Además, el Ministerio del Interior ha aprobado una partida extraordinaria para incentivar estas tareas. Las horas extraordinarias destinadas a la regularización se abonarán a 25 euros, más del doble de la cuantía habitual, mientras que los agentes que trabajen durante los fines de semana recibirán un complemento de 125 euros.
La Policía alerta del efecto llamada y de la actividad de las mafias
Las previsiones manejadas por los especialistas de la Comisaría General de Extranjería terminaron acercándose a la realidad. Los expertos ya habían advertido de que el proceso podría alcanzar alrededor de 1,3 millones de solicitudes y generar un efecto llamada del que se beneficiarían las redes dedicadas al tráfico de personas.
Según fuentes policiales, desde que el Ejecutivo anunció la regularización se ha detectado un incremento de la actividad de organizaciones criminales dedicadas a introducir inmigrantes, especialmente desde Pakistán, proporcionando documentación falsificada para simular una residencia anterior a la fecha límite exigida por la norma.
Los investigadores también han detectado otra práctica utilizada por estas mafias: convencer a algunos inmigrantes para destruir sus pasaportes y denunciar posteriormente su pérdida con la intención de facilitar su acceso al proceso de regularización.
A la carga administrativa se suma ahora la incertidumbre jurídica. El mismo día en que concluyó el plazo para presentar solicitudes, el Tribunal Supremo abrió la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la regularización extraordinaria resulta compatible con el Derecho de la Unión.
La iniciativa responde a los recursos presentados por las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana y Aragón contra diversos aspectos del real decreto aprobado el pasado 14 de abril.
Los magistrados solicitan a las partes que se pronuncien sobre la compatibilidad de una regularización masiva aprobada mediante una norma reglamentaria con el Convenio Schengen, la normativa europea en materia de fronteras y el Tratado de la Unión Europea, al considerar relevante que no conste una coordinación previa con el resto de Estados miembros.
