El Ministerio del Interior prepara el cierre de cuatro unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Cataluña. La medida afectará a los equipos de Puigcerdà, en Gerona; Ponts y La Pobla de Segur, en Lérida; y Falset, en Tarragona, según un escrito de la Dirección General de la Guardia Civil al que ha tenido acceso The Objective.
La decisión supone un nuevo paso en el repliegue del Instituto Armado en Cataluña después de la reciente supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de L’Estartit, en Gerona. La unidad atendía las emergencias de la Costa Brava y su desaparición obliga ahora a desplazar agentes desde Barcelona, situada a más de 150 kilómetros.
La Dirección General, encabezada por Mercedes González, sostiene que la eliminación de los equipos del Seprona forma parte de «un proceso de estudio de reorganización de unidades de esa especialidad de ámbito nacional». El objetivo declarado es adaptar los medios y el personal a las «necesidades de servicio y a la evolución de la problemática medioambiental».
El documento abre así la puerta a nuevos cierres fuera de Cataluña. La reorganización llega, además, durante un verano marcado por la proliferación de incendios, una de las áreas en las que intervienen los especialistas del Seprona mediante la investigación de las causas y posibles responsabilidades penales.
Más vacantes que agentes en Cataluña
La situación del servicio medioambiental de la Guardia Civil en Cataluña ya era crítica antes de conocerse los nuevos cierres. El Seprona dispone de 45 agentes repartidos entre las cuatro provincias, mientras acumula 48 vacantes: 16 en Barcelona, 14 en Lérida, diez en Tarragona y ocho en Gerona.
El servicio cuenta, por tanto, con menos de la mitad de la plantilla prevista. Fuentes del Instituto Armado atribuyen esta falta de efectivos a la decisión de Interior de no incentivar estos destinos después de la cesión de competencias medioambientales a los Mossos d’Esquadra y a los Agentes Rurales.
Las unidades que la Dirección General prevé suprimir carecen actualmente de efectivos porque las vacantes no se publican o quedan desiertas. Las asociaciones profesionales sostienen que Interior utiliza esta falta de personal para justificar el cierre posterior de los equipos.
«Están reduciendo al personal no publicando las vacantes, hasta llegar al desmantelamiento de la especialidad en Cataluña», denuncia Justicia Guardia Civil. La organización alerta de que la reducción de efectivos incrementa la carga de trabajo y deteriora la salud de los agentes que permanecen en sus puestos.
Las asociaciones interpretan la medida como «un paso más hacia la expulsión definitiva» de la Guardia Civil de Cataluña y vinculan el cierre de las unidades con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat.
Las competencias pasan a los Mossos
La Junta de Seguridad de Cataluña acordó en 2024 que las investigaciones por delitos medioambientales quedasen encabezadas por los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales. Hasta entonces, estas funciones se compartían con la Guardia Civil.
El pacto obliga también al Instituto Armado a comunicar a los Mossos cualquier hecho relacionado con el medio ambiente para que la policía autonómica asuma la investigación o participe en los equipos encargados de coordinar las actuaciones administrativas y penales.
Los Agentes Rurales, sin embargo, no tienen la condición de Policía Judicial y no pueden investigar ilícitos penales. Pese a ello, no se ha anunciado ninguna modificación de su reglamento que resuelva esta limitación.
La pérdida de competencias y la falta de personal han reducido las principales funciones del Seprona en Cataluña. A ello se suma la exclusión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de la mayoría de los avisos gestionados por el servicio de emergencias CAT-112. La Generalitat todavía no ha habilitado los espacios necesarios en las sedes de Barcelona y Reus para incorporar a los agentes estatales.
Las asociaciones recurren a los tribunales
La retirada progresiva de la Guardia Civil también ha provocado el rechazo de ayuntamientos gobernados por partidos separatistas. Diez alcaldes de Junts remitieron una carta a Mercedes González y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir que paralizasen el repliegue ante el riesgo de perder capacidad de respuesta frente a emergencias y delitos en zonas fronterizas.
Varias asociaciones profesionales, entre ellas Jucil y la Unión de Oficiales, han llevado a los tribunales lo que consideran una «transferencia encubierta» de competencias a los Mossos.
Las organizaciones sostienen que la atribución exclusiva de las investigaciones medioambientales a la policía autonómica y a los Agentes Rurales vulnera la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También recuerdan que el artículo 144 del Estatuto de Autonomía establece que las competencias medioambientales son compartidas entre la Generalitat y el Estado.
A juicio de las asociaciones, una modificación de ese reparto exigiría la aprobación de una ley orgánica y no puede ejecutarse mediante un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat. Mientras los recursos avanzan en los tribunales, Interior continúa reduciendo la presencia operativa de la Guardia Civil en Cataluña.