La Jefatura Superior de Policía Nacional ha ordenado regularizar, diez meses después, el polémico abono especial por productividad a los agentes que trabajaron en las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre en Valencia. La medida obliga a un centenar de efectivos a devolver la paga extra mediante una detracción en la nómina de septiembre, lo que en algunos casos reducirá el sueldo a 100 o 200 euros. Incluso hay policías a los que se reclama más dinero del que percibieron, detalla Abc.
El pasado 30 de diciembre se realizó el pago de estas gratificaciones a agentes de la Jefatura Superior de Valencia y de otras plantillas que intervinieron en los municipios golpeados por las inundaciones que causaron 229 muertos. Según el sindicato Jupol, la Dirección General no ofreció información previa, lo que generó un «gran desconcierto» entre los policías.
La gratificación incluía dos conceptos: 100 euros por servicio extraordinario y 45 euros diarios entre el 29 de octubre y el 17 de diciembre. Se informó de que podían cobrarlo las comisarías de Valencia, Torrent, Xirivella y Alzira, lo que motivó reclamaciones para ampliar el pago a la Unidad Adscrita de Quart de Poblet, al GOR de Gandía y a otros departamentos.
Tras las quejas sindicales, Jefatura pidió el detalle de todos los agentes que participaron en las tareas de emergencia. La intención era reconocer también a quienes llegaron desde otras autonomías, pero al mismo tiempo se planteó retirar la productividad a los que estaban de baja por acto de servicio, de permiso o de paternidad. Algo que, según Jupol, no se comunicó en las primeras reuniones.
El secretario regional de Jupol en la Comunidad Valenciana, Sebastián Gómez, ha mostrado su «profunda indignación» con la gestión de Jefatura, a la que acusa de haber actuado con «opacidad y errores graves» que dejaron fuera a muchos agentes que trabajaron sin descanso. Aunque celebra que parte de los derechos se reconozcan en la rectificación, denuncia que «nueve meses después la mala praxis vuelve a castigar a cientos de policías» al anunciarse detracciones elevadas en nóminas sin previo aviso ni explicación.
Según datos de la propia Policía Nacional, los agentes afectados rondan los 3.500. En la reunión del 13 de junio, la Jefatura alegó que se habían detectado pagos indebidos en algunos casos y falta de abono en otros. Sin embargo, a preguntas de Jupol, la Dirección General evitó concretar a quién se le reclamará y por qué, limitándose a responder que la cuestión «excede de su ámbito competencial».
Interior confirma que las detracciones se realizarán en septiembre y se notificarán por correo electrónico a los funcionarios. También deja abierta la posibilidad de fraccionar los reintegros en varias nóminas.
El problema, denuncian los sindicatos, es que no se ha iniciado el procedimiento administrativo obligatorio que marca la Ley 39/2015: la apertura de un expediente, la explicación de los motivos y la concesión de un plazo de alegaciones. Sin esa comunicación oficial, los policías se sienten indefensos.
En los casos en los que se reclama más de lo percibido, la diferencia obedece a la distinción entre salario neto y bruto: los agentes cobraron la cantidad tras las retenciones de IRPF, pero ahora se les exige devolver el bruto completo y después reclamar la devolución de las retenciones a la Agencia Tributaria.
