
LA GACETA ha obtenido en exclusiva imágenes compartidas en los grupos que utilizan los inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta. En ellas se aprecia cómo, en el interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se organizan combates de boxeo que enfrentan a residentes de origen marroquí con otros de origen subsahariano.
Fuentes ligadas a las instalaciones, consultadas por este periódico, reconocen tener conocimiento de estas prácticas y admiten que no se trata de un episodio aislado, pues se celebran de forma continuada. Ese conocimiento no ha bastado para frenarlas. Los combates siguen sucediéndose en un recinto que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.
La distancia entre lo que ocurre en el CETI y lo que marca la normativa deportiva es absoluta. Los reglamentos de la Real Federación Española de Boxeo obligan a que cada púgil disponga de licencia federativa en vigor y de un seguro médico que cubra los accidentes deportivos. Exigen, además, un reconocimiento médico previo, la presencia de un médico de ring y la autorización de la federación correspondiente. En el boxeo profesional, el reglamento eleva la exigencia a dos médicos por competición. Los enfrentamientos del centro ceutí discurren al margen de todo ese circuito. Fuera del deporte reglado, el consentimiento de los contendientes tampoco borra la responsabilidad penal cuando hay lesiones.
Las mismas fuentes sostienen que los enfrentamientos no se agotan en el combate. En torno a ellos se cruzan apuestas económicas que se cierran en las habitaciones de los residentes y que, en algunas ocasiones, desembocan en conflictos posteriores. También aquí el contraste con la legalidad resulta evidente. La ciudad autónoma tiene competencias en materia de juego y somete la organización de apuestas a autorización administrativa mediante un reglamento propio, en vigor desde 2010. Las que se pactan en el CETI carecen de cualquier control.
El escenario agrava el riesgo. En el CETI conviven actualmente alrededor de 800 inmigrantes ilegales de casi una veintena de nacionalidades, más de un 50% por encima de las 512 plazas para las que fue diseñado. La seguridad interior recae en vigilantes privados contratados por el ministerio.
Los antecedentes tampoco invitan a la calma. En julio de 2024, una gran pelea iniciada en la pista deportiva del centro obligó a un amplio despliegue de la Policía Nacional. A mediados del pasado septiembre, tres vigilantes de seguridad acabaron en el hospital tras mediar en una reyerta entre residentes subsaharianos y marroquíes, los dos mismos grupos que ahora se miden a golpes en estos combates. Ese mismo mes, el sindicato CSIF reclamó presencia policial permanente en el centro ante el aumento de los altercados. En ese contexto, los combates añaden un motivo de fricción entre comunidades que ya han protagonizado enfrentamientos, y el dinero apostado, según las fuentes, alimenta nuevas disputas.