Jésica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cobró un total de 43.978,40 euros gracias a contratos en dos compañías públicas, Ineco y Tragsatec. La cifra exacta ha salido a la luz tras la documentación remitida por ambas entidades al juzgado que indaga en un caso de presunto enchufismo vinculado al PSOE.
Los pagos se efectuaron entre marzo de 2019 y finales de 2021. Ineco le transfirió 34.477,86 euros durante ese tiempo, mientras que Tragsatec confirmó el abono de 9.500,54 euros entre marzo y septiembre de 2021. En total, una cantidad que procede directamente del bolsillo de los contribuyentes y que, según la propia Rodríguez admitió al declarar como testigo ante el Tribunal Supremo, recibió sin haber realizado tareas laborales.
El montante percibido resulta llamativo si se compara con la remuneración de un bombero forestal. De hecho, equivale prácticamente al sueldo anual fijado para un Técnico/a BRIF Titulado Grado Medio en invierno, que asciende a 43.608,73 euros, conforme a las tablas salariales publicadas en el BOE esta misma semana.
La polémica retribución contrasta con la situación de los brigadistas forestales madrileños, que han anunciado una nueva huelga a partir del lunes 25 de agosto. Reclaman mejoras salariales, estabilidad para los 200 eventuales que trabajan en el cuerpo —sobre un total de 500 efectivos— y la revisión de sus categorías profesionales. Durante la anterior huelga, que se extendió del 15 de julio al 15 de agosto, se aplicaron servicios mínimos del 80%.
En este contexto de protesta, los sindicatos han recordado que Tragsa, la empresa estatal concesionaria, los ha citado a una mesa de negociación tripartita con la Comunidad de Madrid el jueves 28 de agosto en Leganés. En la agenda figuran cuestiones relacionadas con salud laboral, salarios y condiciones de trabajo, aspectos que los bomberos forestales llevan tiempo denunciando como insuficientes.
El contraste es evidente: mientras Rodríguez acumulaba decenas de miles de euros públicos sin desempeñar ninguna labor, quienes arriesgan su vida en la lucha contra los incendios se ven obligados a recurrir a la presión de la huelga para conseguir mejoras básicas en sus condiciones profesionales.
