La Eurocámara ha debatido la petición de ciudadanos españoles contra el Real Decreto de regularización masiva que denuncia su incompatibilidad con el artículo 5 del Convenio de Schengen y exige la repatriación de los ilegales.
El jefe de la delegación de VOX, Jorge Buxadé, que ha pedido que la petición se mantenga abierta, ha protagonizado entonces una nueva acción en la ofensiva de VOX en todas las instituciones contra esta norma del Gobierno de Sánchez.
El dirigente ha criticado que el decreto regularice a cientos de miles de ilegales sin verificar sus antecedentes en el país de origen a través de expedientes de vulnerabilidad elaborados por ONG financiadas por el propio Gobierno: «Se regularizan pasando a vivir directamente de los impuestos de la España productiva. Suben los precios de los pisos y bajan los salarios. Es una maniobra política de Sánchez para continuar la alteración del censo electoral y preparar un gran fraude para las próximas elecciones de 2027», ha comentado el eurodiputado.
Sin embargo, las consecuencias no serán solo destructivas para España, sino que Bruselas ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por el posible daño que la regularización pueda generar en la integridad de Schengen.
«Es un torpedo en la línea de flotación de la seguridad, la identidad y la estabilidad económica de España que amenaza a toda la Unión y dinamita Schengen. Esta regularización otorga libertad de circulación por todo el espacio Schengen; es decir, esta decisión de Sánchez no será un problema sólo para España», ha expresado Buxadé.
Desde el anuncio de la medida, la formación ha movilizado toda su influencia parlamentaria para tratar de neutralizarla. Mientras PP y PSOE llevan décadas siendo protagonistas de políticas de puertas abiertas, VOX ha desplegado una ofensiva en el Congreso de los Diputados (donde se quedó solo votando en contra de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular de regularización en abril de 2024), en los tribunales, en la calle y ahora en el Parlamento Europeo.
«Este Real Decreto de regularización debe ser derogado y el Convenio de Schengen aplicado de manera estricta. Y es fundamental, además, que se aplique el principio de prioridad nacional en el acceso a los servicios sociales», ha concluido.
