El ex alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha mostrado dispuesto a normalizar la reivindicación territorial de Marruecos sobre Ceuta al afirmar que el país vecino «tiene una reclamación y no se lo vamos a impedir», porque «están en su derecho». Las palabras, pronunciadas en pleno colapso de la ciudad autónoma, han sido interpretadas por numerosos sectores como una cesión política en un momento en el que miles de personas cruzaron desde territorio marroquí y Rabat reabrió de forma explícita su pretensión sobre Ceuta y Melilla.

El contexto no es menor. A finales de julio, más de 70.000 inmigrantes ilegales accedieron a nado y por tierra a Ceuta, una avalancha sin precedentes que desbordó a una ciudad de unos 85.000 habitantes y dejó durante semanas a menores, familias y adultos en la calle. Mientras la ministra de Defensa insistía en que Ceuta y Melilla son «españolísimas y no se tocan», el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, repetía que la cuestión «sigue sobre la mesa» y que ambas plazas constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos.

En ese escenario, la tesis de Borrell no se limita a reconocer que Rabat formula una reclamación. Al añadir que no se le va a impedir y que está «en su derecho», el exjefe de la diplomacia europea desplaza el debate desde la defensa de una frontera soberana hacia la aceptación diplomática de una reivindicación que España y la propia Unión Europea han rechazado de forma reiterada. Ceuta no es un territorio en disputa reconocida por la ONU: es parte de España y frontera exterior de la UE.

La polémica se agrava porque el mismo Borrell ha pedido no romper la cooperación con Marruecos, a quien el Gobierno español llega a presentar como «colaborador eficiente» en materia migratoria. Esa línea choca con la evidencia de que el salto masivo se produjo desde suelo marroquí y con la sospecha, extendida en Ceuta y en buena parte de la oposición, de que Rabat utilizó la presión humana como instrumento de chantaje. Llamar «ataque híbrido» a lo ocurrido y, al mismo tiempo, conceder legitimidad a la reclamación territorial deja un mensaje contradictorio.

Las consecuencias políticas son inmediatas. Si un dirigente que ocupó el máximo cargo de política exterior de la Unión considera que Marruecos tiene derecho a mantener viva su pretensión y que no hay que impedírselo, se debilita la posición española justo cuando hace falta claridad. No se trata de negar que Rabat hable: se trata de no convertir esa reivindicación en un hecho aceptable, como si Ceuta fuera un asunto negociable y no una ciudad española sometida a una presión extraordinaria.