El juez Eduardo Estellés, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, defiende en un estudio la necesidad de volver a introducir la legislación relativa al derecho de corrección de los padres a los hijos, que eliminó la Ley 54/2007, de 28 de diciembre.
El juez ha observado, a partir de su trabajo con las memorias de la Fiscalía General del Estado, un crecimiento de la violencia de los hijos contra los padres, sobre todo desde el año 2009.
Estellés, en una investigación para su tesis doctoral, que ha defendido en la Universidad Católica de Valencia (UCV), destaca una «desconexión» entre la norma jurídica y la realidad familiar, así como «un detrimento de la autoridad de los padres, que ha influido en el incremento de la violencia filio-parental».
De hecho, señala que la propia Fiscalía indica en su memoria de 2015 que este problema hunde sus raíces «en una profunda crisis de principios y valores», y remarca en la memoria de 2016 el «fracaso» del modelo educativo y su carencia de «pautas de autoridad».
En este sentido, la modificación de los artículos 154 y 268 del Código Civil por la ley de 2007 no solo ha suprimido el derecho de corregir que ostentaban históricamente los padres respecto de sus hijos, sino que, además, no ha conseguido evitar la violencia contra los hijos, ha manifestado, según informa la UCV.
«El que quiere pegar y causar daño a su hijo, lamentablemente seguirá haciéndolo, pero el que quiere corregir a su hijo correctamente no puede ejercer su derecho o lo ejerce a sabiendas de que puede ser denunciado por un delito de maltrato, amenazas, coacciones, entre otros», ha afirmado.
El esperpento explicado con ejemplos
Uno de los ejemplos que presenta el jurista en su trabajo es el de un padre que castigó a su hija de 15 años sin salir de casa con las amigas, fue denunciado por ella y se le imputó un delito de detención ilegal por retenerla en el domicilio.
«Si hay un derecho de corrección, puedes castigar a tu hija a no salir con las amigas; si no existe tal derecho, cualquier acción que hagas puede ser susceptible de ser un hecho punible, criminalizando la familia y las relaciones paterno-filiales», ha argumentado.
Estellés añade que no se trata de volver a los años cincuenta del siglo pasado, sino de asumir un derecho de corrección actualizado, enmarcado en los principios constitucionales y el reconocimiento de los derechos a los menores y su protección integral, pero sin olvidar que los menores «tienen derechos, pero también deberes legales».
Por ello, reivindica «leyes justas» y que se deje a los padres corregir a los hijos, ya que dentro de la esfera de la patria potestad ha existido tradicionalmente el deber de los padres de educar, que se ha cristalizado en el derecho de corregir a los hijos como un instrumento hábil, y para educar, en ocasiones «hay que corregir», afirma, para puntualizar que el maltrato «nunca» puede ser considerado corrección.
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