Junts está dispuesto a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Desde que se activó el reloj de la investidura de Feijoo, cuando todas las sumas parlamentarias ya vaticinaban el fracaso, Sánchez y Puigdemont han estado trabajando para reeditar el Gobierno del PSOE apoyado por todos los nacionalismos separatistas.
Las conversaciones han llegado esta semana a un punto óptimo para el prófugo de la Justicia. Gracias a la sintonía de los equipos negociadores, Junts se ha mostrado decididamente partidario de apoyar la investidura con un sólo requisito a cambio: registrar la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario de Puigdemont, coordinado desde Bruselas, ni siquiera exige la aprobación, sino sólo su mera tramitación.
La ley de amnistía, que cuenta con el rechazo de la mayoría de la población —incluyendo veteranos socialistas que se han mostrado muy reacios a la medida—, se lleva bocetando desde hace meses. El PSOE pretende que el texto de la ley sea fácilmente aprobado por el Tribunal Constitucional, presidido por el progresista Cándido Conde-Pumpido. Una ley que presumiblemente será avalada por la mayoría de los magistrados, elegidos por el PSOE.
El debate de investidura, sin embargo, debe atarse cuanto antes. El 27 de noviembre es la fecha límite establecida por la ley para lograr la investidura, antes de que el Rey convoque nuevas elecciones generales para el próximo 14 de enero. Todos los esfuerzos de Sánchez y Puigdemont van en la línea de acordar el apoyo parlamentario cuanto antes. Los de Junts, por su parte, confían en que los socialistas registren la ley en el Congreso para poder apoyar a Sánchez.
