Junts per Catalunya se opondrá a la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía, promovidas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La formación liderada por Carles Puigdemont ha decidido rechazar el inicio del debate legislativo como primer gesto de distanciamiento con el Gobierno tras el último escándalo que salpica al PSOE y la reciente reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa, según avanza Vozpópuli.
El partido independentista, que cuenta con siete escaños en el Congreso, ha examinado minuciosamente la propuesta de reforma elaborada por el Ministerio de Justicia y considera que el contenido no responde a las exigencias de un sistema judicial verdaderamente profesional e independiente. Desde su punto de vista, el modelo planteado por el Ejecutivo se aleja del estándar europeo que, según ellos, debería orientar las reformas en España.
Junts insiste en que el nuevo sistema de acceso debería valorar en mayor medida la trayectoria profesional y el mérito acumulado de los aspirantes, además de considerar su paso por diferentes ámbitos dentro del entorno judicial. Fuentes internas de la formación remarcan que el voto en contra responde tanto a motivos técnicos como políticos, en un momento clave para las negociaciones bilaterales con el PSOE.
Esta negativa llega justo cuando ambas formaciones están inmersas en una nueva revisión del acuerdo político sellado en Bruselas en 2022, el mismo que ha permitido a Pedro Sánchez mantenerse en el poder con el respaldo del separatismo catalán. Los contactos para actualizar dicho pacto se desarrollan en Suiza, donde hasta hace poco ejercía como interlocutor el socialista Santos Cerdán, apartado tras verse implicado en un caso que ha generado un fuerte desgaste para el Ejecutivo. En la reunión del martes, el presidente del Gobierno trasladó a Junts que pronto designará a su nuevo representante para las conversaciones.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en su determinación de sacar adelante las reformas judiciales pese al creciente rechazo tanto dentro del Congreso como en el seno de la judicatura. Las principales asociaciones de jueces y fiscales —incluyendo la APM, la AJFV, el FJI, la AF y la APIF— han advertido de que convocarán paros los días 1, 2 y 3 de julio si el Ejecutivo no retira los proyectos. Consideran que estas iniciativas vulneran los principios de independencia judicial y suponen una politización del acceso a la carrera.
En contraste con el clima de tensión, Bolaños mantiene su discurso optimista. En redes sociales, el ministro ha afirmado que existe una mayoría parlamentaria comprometida con «la modernización de la Justicia» y ha asegurado que las reformas «refuerzan las garantías y consolidan la independencia del Poder Judicial». No obstante, los hechos sobre el terreno contradicen su diagnóstico, especialmente después de la ruptura de apoyos clave como el de Junts.
