El Ministerio de Justicia conocía desde hacía más de un año las graves carencias de la morgue de Ceuta para conservar cadáveres durante periodos prolongados. La advertencia figuraba expresamente en la Memoria de Actividades de 2024 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), que reclamaba con carácter «acuciante» la instalación de una cámara de congelación para los cuerpos no reclamados durante más de una semana, según recoge The Objective.

La infraestructura nunca llegó a estar disponible antes de la crisis migratoria de finales de julio. Ahora, las consecuencias son especialmente graves. Un total de 82 cadáveres permanecen en la morgue provisional instalada en el antiguo Hospital Militar O’Donnell, pero sólo seis han podido ser identificados plenamente. Los otros 76 serán enterrados sin identificar después de que se hayan superado los plazos ordinarios de conservación.

El informe ya advertía de una necesidad «acuciante»

La memoria forense correspondiente a 2024 dejaba constancia del problema. El documento reclamaba expresamente «disponer de una cámara de congelación para conservar cadáveres» que permanecieran sin reclamar más allá del periodo ordinario de custodia.

La petición aparecía dentro del apartado dedicado a acuerdos y convenios pendientes con la Ciudad Autónoma. La advertencia adquirió además notoriedad por un episodio especialmente llamativo: Justicia publicó por error en 2025 una versión de trabajo de la memoria llena de tachaduras y anotaciones manuscritas.

Entre las partes marcadas por el revisor aparecía precisamente la referencia a la necesidad de incorporar la cámara de congelación.

Tras conocerse el error, el Ministerio retiró aquel archivo y publicó una versión definitiva sin las anotaciones. Sin embargo, la reclamación de la cámara permaneció intacta, confirmando que los propios forenses consideraban imprescindible aquella inversión. No consta que el equipamiento fuera instalado antes de la crisis actual.

Ceuta sólo tenía tres cámaras de frío y ninguna de congelación

El problema tampoco era desconocido para las autoridades locales. En febrero de 2025, la Asamblea de Ceuta aprobó una propuesta destinada a mejorar las instalaciones utilizadas para conservar cadáveres.

En aquel momento, la ciudad disponía únicamente de tres cámaras de refrigeración y ninguna de congelación. La diferencia resulta fundamental. Mientras la refrigeración permite conservar un cadáver durante un periodo limitado, la congelación ofrece mucho más margen para realizar pruebas, localizar familiares e intentar completar la identificación.

Meses después, en enero de 2026, el MDyC volvió a exigir explicaciones porque la infraestructura seguía sin haberse instalado. La formación denunció entonces que las carencias habían obligado ya en otras ocasiones a acelerar el entierro de inmigrantes fallecidos, llegando incluso a producirse casos en los que familiares aparecieron cuando el cuerpo ya había sido sepultado.

La crisis migratoria desborda una morgue que ya estaba al límite

La llegada masiva registrada a finales de julio terminó colocando aquellas deficiencias bajo una presión sin precedentes.

La morgue provisional habilitada en el antiguo Hospital Militar O’Donnell ha llegado a albergar cerca de 90 cadáveres, la mayoría recuperados después del intento masivo de entrada por el Tarajal. Según los últimos datos, actualmente permanecen 82 cuerpos.

El Instituto de Medicina Legal ha comunicado que los periodos recomendados de conservación han quedado ampliamente superados. Con refrigeración, la referencia habitual ronda los seis días. Si existe capacidad de congelación, el margen puede ampliarse hasta aproximadamente 21 días. Ceuta no disponía de esa segunda posibilidad.

Sólo seis cuerpos han podido ser identificados

De los 82 cadáveres recuperados en aguas españolas, únicamente seis han sido identificados completamente. Tres identificaciones se lograron mediante huellas dactilares y otras tres gracias a pruebas de ADN.

En el resto de los casos, la identificación se ha visto dificultada por el estado de conservación de los cuerpos, la ausencia de familiares de los que obtener muestras genéticas y los problemas relacionados con la cooperación marroquí para las repatriaciones.

Ante la imposibilidad de mantener indefinidamente los cadáveres en las actuales instalaciones, 76 personas serán enterradas sin identidad confirmada.

Las autoridades conservarán, no obstante, muestras, datos y documentación de cada uno de los cuerpos para posibilitar una futura identificación. Si posteriormente aparece una familia capaz de acreditar mediante ADN u otras pruebas la identidad de alguno de los fallecidos, podrá iniciarse un procedimiento de exhumación.