La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han rechazado de forma conjunta el aval de la Comisión Europea a las deportaciones de menores extranjeros no acompañados (menas) desde Ceuta, argumentando que tales medidas vulneran el principio del «interés superior del menor» consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa europea e internacional de protección.
Estas tres entidades han emitido comunicados y declaraciones públicas en las que instan a las autoridades españolas y europeas a priorizar la evaluación individualizada de cada caso, la reunificación familiar cuando sea posible y la garantía de una acogida digna, en lugar de proceder a retornos forzosos que, según sostienen, podrían exponer a los inmigrantes ilegales a riesgos graves.
En el centro de su argumentación está la defensa de que ningún menor debe ser tratado como un inmigrante ilegal más, sino como un sujeto de derechos cuya protección debe prevalecer sobre cualquier política de control de fronteras. CEAR, Accem y ACNUR coinciden en que el aval de Bruselas no puede servir de cobertura para decisiones que, a su juicio, contradicen tanto el derecho internacional como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La financiación de estas organizaciones refleja una fuerte dependencia de fondos públicos españoles. CEAR recibe la inmensa mayoría de sus recursos —más del 96% en los últimos ejercicios— de ministerios del Gobierno central, de comunidades autónomas y de ayuntamientos, independientemente de si están gobernados por el PSOE o por el PP. Accem, por su parte, obtiene alrededor del 88% de su presupuesto de las mismas administraciones estatales, autonómicas y locales, tanto de signo socialista como popular. En ambos casos, los fondos se canalizan a través de subvenciones, contratos y convenios para la gestión del sistema de acogida de protección internacional y de atención humanitaria.
ACNUR, como organismo de Naciones Unidas, se financia principalmente con contribuciones voluntarias de gobiernos y del sector privado a escala global. Entre sus donantes privados figura la Open Society Foundations de George Soros, que ha realizado aportaciones puntuales y ha colaborado en iniciativas específicas de reasentamiento y patrocinio privado de refugiados. España aporta a ACNUR tanto a través del Gobierno central como de las comunidades autónomas y de su partner nacional España con ACNUR.
