La organización Escola Valenciana, una de las principales entidades dedicadas al activismo lingüístico en la Comunidad Valenciana, ha vuelto a promocionar un canal propio para que los ciudadanos denuncien establecimientos, empresas y otras entidades que consideren que vulneran su derecho a ser atendidos en valenciano.
La campaña adquiere especial dimensión política porque la asociación ha recibido este año 110.000 euros de la Generalitat de Cataluña mediante una subvención directa sin concurrencia competitiva, según la información publicada por El Debate.
La organización dispone de una denominada «Oficina de Derechos Lingüísticos», un instrumento privado y ajeno al canal oficial de reclamaciones de la Generalitat Valenciana mediante el que recopila denuncias de ciudadanos y ofrece asesoramiento jurídico y administrativo.
La propia Escola Valenciana explica en su documentación que su oficina recibe casos de personas que consideran vulnerados sus derechos lingüísticos tanto en el ámbito público como en el privado y que entre sus objetivos figura extender una «cultura de la reclamación» en defensa del uso del valenciano.
La polémica estalla tras las quejas contra una pizzería de Valencia
La iniciativa ha vuelto al primer plano después de la controversia desatada alrededor de una pizzería situada en el barrio valenciano de Ruzafa.
Un cliente aseguró que había tenido problemas para comunicarse en valenciano con el responsable del establecimiento y presentó una reclamación. La denuncia desencadenó posteriormente una oleada de críticas contra el negocio en círculos vinculados al activismo lingüístico, según El Debate.
A raíz del episodio, Escola Valenciana volvió a difundir su propio buzón para que otras personas comuniquen situaciones semejantes. La entidad sostiene que presta asesoramiento a quienes consideran que se les niega el «derecho de vivir en valenciano», entendido como la posibilidad de utilizar la lengua «de forma natural y normalizada» en cualquier ámbito.
Un canal privado pese a que ya existe una vía oficial
La polémica reside también en que la Generalitat Valenciana ya cuenta con mecanismos administrativos propios para presentar reclamaciones ante posibles vulneraciones de los derechos de los consumidores. El instrumento promovido por Escola Valenciana no pertenece a la Administración autonómica.
Se trata de un buzón gestionado directamente por la asociación, que recibe la información de los denunciantes y ofrece posteriormente asesoramiento sobre posibles actuaciones.
La propia memoria de actividades de Escola Valenciana explica que su oficina cuenta con personal de formación lingüística y jurídica y tiene entre sus funciones «prestar un servicio de asesoramiento legal y administrativo» en materia lingüística.
También reconoce que realiza periódicamente campañas para aumentar el uso del valenciano precisamente en aquellos sectores donde considera que su presencia es insuficiente, entre ellos el mundo empresarial y comercial.
«Ninguna vulneración sin respuesta»
La organización lleva años fomentando este tipo de activismo. Una de sus campañas tiene como lema «Cap vulneració sense resposta» —«Ninguna vulneración sin respuesta»— y persigue visibilizar las situaciones que la entidad considera discriminatorias tanto dentro de las administraciones como en negocios y empresas privadas.
En sus propios documentos, Escola Valenciana reconoce que ha utilizado publicaciones en redes sociales, adhesivos y otros materiales para promover que los ciudadanos acudan a su Oficina de Derechos Lingüísticos.
La organización también fomenta que sus simpatizantes compren en establecimientos que apoyen expresamente el valenciano. Entre las formas de participación que propone a sus denominados «Activistes pel Valencià» incluye realizar compras en la red de tiendas, comercios y empresas comprometidas con la lengua.
El elemento políticamente más controvertido es la financiación. Según la información publicada este miércoles, la Generalitat catalana ha concedido a Escola Valenciana una ayuda directa de 110.000 euros durante 2026, sin convocatoria competitiva.
