La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a un ciudadano marroquí residente en Málaga acusado de colaborar con Estado Islámico y de facilitar información sensible sobre la familia real saudí durante sus vacaciones en Marbella, según recoge El Español.
La Fiscalía solicita para el procesado ocho años de prisión y una multa de 6.300 euros por un presunto delito de colaboración con organización terrorista o, de forma subsidiaria, por adoctrinamiento para la incorporación a la misma. El acusado permanece en prisión provisional desde mayo de 2026.
Datos sobre seguridad, rezos y salidas nocturnas
El escrito de acusación sostiene que el procesado informó a uno de sus contactos sobre las vacaciones de verano de la familia real saudí en Marbella. Según la Fiscalía, proporcionó «datos acerca de la seguridad que tienen, los rezos en la mezquita y las salidas de ocio a discotecas», información que, siempre según la acusación, ofrecía «facilidad para atentar».
El Ministerio Público considera que la familia real saudí constituye un objetivo para Estado Islámico debido a la cooperación de Arabia Saudí con países occidentales como Estados Unidos. La acusación sostiene además que el procesado alentaba atentados en territorio europeo aportando información sobre rutinas, seguridad y movimientos de potenciales objetivos.
Más de 2.000 archivos yihadistas en Telegram
La Fiscalía atribuye al acusado una intensa actividad digital de apoyo al terrorismo. El marroquí habría formado parte de Bank Alansar, una estructura mediática virtual afín a Dáesh dedicada, según el Ministerio Público, a proporcionar cuentas alternativas de redes sociales y números de teléfono a simpatizantes de la organización para dificultar su detección por las fuerzas de seguridad.
También habría facilitado números internacionales para crear perfiles en Telegram y otras aplicaciones, además de asesorar sobre VPN y mecanismos de anonimato digital destinados a evitar la acción policial. La Fiscalía sostiene que prestaba ese apoyo sabiendo que las herramientas serían utilizadas para propaganda, adoctrinamiento y coordinación de actividades yihadistas.
Un canal con más de 2.000 archivos
El procesado habría creado y administrado el canal de Telegram Fursan Al Aqida, que almacenaba más de 2.000 archivos vinculados con Estado Islámico. También habría impulsado otros grupos destinados al debate ideológico, la difusión de propaganda, reuniones por videoconferencia y captación de nuevos simpatizantes.
«El contenido difundido incluía incitación a la yihad, exaltación del martirio y llamamientos explícitos a la violencia», señala la Fiscalía. La acusación añade que el hombre incitaba a terceros a «empuñar armas» y cometer actos de violencia yihadista.
Celebraba atentados y hablaba de «demoler las iglesias»
El escrito fiscal también describe conversaciones de especial gravedad. Según la acusación, el procesado celebraba ataques perpetrados por Dáesh y expresaba satisfacción cuando se producían víctimas mortales.
En una conversación habría hablado a uno de sus contactos de «la obligatoriedad de demoler las iglesias». En otro intercambio, un interlocutor de origen palestino le preguntó si era correcto utilizar armas fingiendo pertenecer a Hamás. El acusado, según la Fiscalía, le habría animado a actuar como «francotirador».
Asesoramiento para enviar dinero a combatientes
Las actividades atribuidas al marroquí no se habrían limitado a la propaganda. La Fiscalía sostiene que también proporcionaba asesoramiento para hacer llegar dinero a combatientes y a territorios vinculados con Dáesh.
En concreto, habría recomendado utilizar el sistema informal de transferencias conocido como hawala, debido a su dificultad de rastreo, y desaconsejado mecanismos más fácilmente identificables como determinadas operaciones con criptomonedas.
Además, habría intermediado para organizar el matrimonio entre la viuda de un combatiente de Estado Islámico y otro integrante de la organización.
Un agente encubierto virtual participó en la investigación
La investigación incorporó también técnicas especiales de vigilancia. En 2024, el juzgado autorizó que un agente encubierto virtual interactuara con el acusado para obtener pruebas sobre sus presuntas actividades en favor de Dáesh.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si esas actuaciones constituyen el delito de colaboración con organización terrorista que sostiene la Fiscalía. El acusado mantiene la presunción de inocencia y será el tribunal quien decida si las pruebas presentadas son suficientes para condenarlo.
