El desembarco del PSOE en el Gobierno en junio de 2018 vino acompañado de movimientos inmediatos para tomar posiciones en áreas estratégicas del Estado. Apenas un mes después de la llegada de el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García ya exploraba la posibilidad de influir en los puestos de seguridad de dos empresas públicas clave: Adif y Aena.
En julio de aquel año, Koldo contactó con una alto cargo del Ministerio de Transportes para interesarse por la «posibilidad» de que los responsables de seguridad de estas compañías pudieran ser ocupados por «personal ajeno al Ministerio«. La consulta se dirigió a Belén Villar, hoy directora general de Organización e Inspección, y se produjo en un contexto marcado por las maniobras internas para asegurar el control de los principales resortes del departamento recién asumido por Ábalos.
El intercambio de correos se desarrolló en paralelo a los movimientos de Santos Cerdán, también investigado en el caso Koldo, que por aquellas fechas trabajaba para colocar perfiles afines en los puestos clave del Ministerio. Villar respondió el 23 de julio de 2018 y puso en copia a Jesús Manuel Gómez García, hoy igualmente investigado en la Audiencia Nacional por la compra de mascarillas durante la pandemia, detalla La Razón.
En su respuesta, Villar detalló que en Aena los responsables del área de seguridad acceden a sus cargos mediante convocatorias públicas y progresión profesional, y precisó que, aunque existen contratas privadas en los aeropuertos, Aena no selecciona directamente al personal de seguridad de esas empresas. Un esquema similar describió para Adif, donde los puestos se cubren mediante procesos de concurrencia pública, si bien aclaró que la empresa también opera con servicios externalizados.
El correo introducía, no obstante, un matiz relevante. Villar recordó que en Adif existe una decena de puestos de alta dirección de libre nombramiento, bajo el control de la entonces presidenta Isabel Pardo de Vera, también imputada en el caso Koldo. Aunque ninguno de esos cargos estaba formalmente adscrito al área de seguridad, sí quedaban sujetos a designación discrecional.
La fecha de estas consultas resulta especialmente significativa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado que, desde los primeros compases del nuevo Ejecutivo, los investigados trabajaron para colocar a personas de confianza en la cúpula de empresas públicas estratégicas. Entre las pruebas incautadas figura una nota manuscrita que Cerdán remitió a Koldo para que la hiciera llegar a Ábalos, con un listado de nombres propuestos para ocupar cargos de relevancia en Adif y en la Dirección General de Carreteras.
En esa relación aparecía Javier Herrero, posteriormente investigado por su presunta implicación en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas a la trama. Para Aena, Cerdán propuso a Francisco Ávila, mientras que para Adif figuraban Manuel Herrera y Luis Pérez Fabregat. El manuscrito se envió el 20 de junio de 2018, apenas días después de la toma de posesión de Ábalos.
La Guardia Civil sostiene que este intento temprano de controlar empresas estratégicas tuvo continuidad en los años posteriores. En el caso de Aena, Koldo habría utilizado su influencia durante la pandemia para facilitar la entrada por Barajas de ciudadanos extranjeros, mayoritariamente venezolanos. En Adif, los investigadores apuntan a una red de connivencias con sus presidentes para favorecer adjudicaciones millonarias a constructoras afines.
En ese entramado adquiere relevancia la figura de Ángel Contreras, nombrado y cesado en un breve intervalo y también vinculado al caso. La UCO lo sitúa en conversaciones entre Koldo y empresarios de Obras Públicas y Regadíos (OPR) sobre adjudicaciones desde Adif. De hecho, el asesor trasladó a los propietarios de la constructora la noticia de su ascenso a la presidencia del ente, provocando reacciones de celebración entre los interlocutores.
Contreras aparece igualmente en intercambios con Pardo de Vera, en los que Koldo solicitaba licitaciones para Levantina Ingeniería y Construcción. Además, formó parte del Comité de Contratación que avaló el contrato de 12,5 millones de euros para la compra de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, uno de los episodios centrales del caso Koldo.
Su nombre ha vuelto a primer plano tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, con 45 fallecidos. Contreras firmó informes clave relacionados con las obras del tramo Guadalmez-Córdoba, escenario de la colisión entre un tren Iryo y un Alvia el pasado 18 de enero. Documentos que ahora forman parte del foco investigador y que refuerzan la tesis de la Guardia Civil sobre el control político y orgánico de Adif desde los primeros meses del Gobierno socialista.
