En los últimos días se ha especulado sobre la posibilidad de que Estados Unidos retire la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos políticos con la dictadura de Nicolás Maduro y sus supuestos negocios en Venezuela. Sin embargo, el veto para entrar en territorio norteamericano es lo de menos para el expresidente socialista.
La Administración del presidente Donald Trump dispone de una batería de sanciones en las que suele emplearse primero la prohibición de entrada mediante la suspensión del visado. «Una visa es un privilegio, no un derecho», advirtió en su momento el senador cubanoamericano Marco Rubio. Su número dos, Cristopher Landau, llegó a insinuar públicamente la posibilidad de revocarle el visado a Zapatero.
La retirada de una visa es una decisión discrecional del Departamento de Estado, pero la ley impide publicar con nombres y apellidos estas resoluciones. Sólo el propio afectado podría confirmarlo.
Más allá de esa medida, Washington podría recurrir a sanciones económicas mucho más lesivas: congelación de fondos, prohibición de transacciones financieras e incluso limitaciones en la propia Unión Europea y España, pese a la protección del Gobierno de Pedro Sánchez, detalla El Debate.
El Departamento de Estado y el Tesoro podrían activar la Ley Global Magnitsky de 2016, que permite sancionar a ciudadanos extranjeros responsables de abusos de derechos humanos o corrupción. La Orden Ejecutiva 13818 establece sanciones como el bloqueo de propiedades en EE.UU. y la prohibición a bancos estadounidenses de mantener transacciones con los sancionados.
La normativa alcanza a quienes cometan ejecuciones extrajudiciales, torturas o violaciones graves de derechos humanos, así como a quienes actúen como «agentes» o cómplices de corrupción significativa vinculada a contratos públicos o recursos naturales.
Las sanciones, gestionadas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), implican que bancos, fondos de inversión y emisores de tarjetas como Visa, MasterCard o American Express dejen de operar con la persona señalada. En la práctica, se traduce en una muerte civil financiera: las entidades estadounidenses y europeas, conectadas por el sistema Swift, evitan cualquier relación con el sancionado.
El precedente más reciente fue la sanción al juez brasileño Alexandre de Moraes, que quedó aislado del sistema financiero internacional. El mismo escenario podría abrirse ahora para Zapatero si Washington decide dar el paso.
