En el corazón de la campiña jienense, donde el olivo no es sólo paisaje sino modo de vida, los vecinos de Lopera se están levantando contra lo que consideran un atropello disfrazado de progreso verde. La imposición de megaplantas solares, amparadas por la Junta de Andalucía y por los dogmas climáticos de la Agenda 2030, está a punto de costarles miles de hectáreas de tierra cultivable, el sustento de generaciones enteras y casi 100.000 olivos.
Francisco Campos, agricultor de 64 años, lo resume con contundencia para El Debate: «Talar olivos para poner placas solares es un crimen«. Su denuncia es compartida por decenas de familias que ven cómo sus fincas, heredadas de sus antepasados, están siendo expropiadas para cedérselas a grandes empresas energéticas, entre ellas Greenalia y FRV Arroyadas.
En Lopera, un pueblo de apenas 3.600 habitantes donde el aceite de oliva lo es todo, la instalación de ocho plantas solares amenaza con arrasar hasta 1.000 hectáreas de tierra productiva. El gobierno autonómico, lejos de proteger a sus ciudadanos, ya ha iniciado los trámites de expropiación a un centenar de pequeños propietarios para instalar torres de evacuación eléctrica y otros elementos asociados a las plantas fotovoltaicas.
«¿Bien de interés social? ¿Quitarme mis tierras para dárselas a una empresa privada que sólo viene a hacer negocio?», se indigna Campos. Como él, María Josefa Palomo, jubilada de 67 años, lanza una pregunta: «Estas tierras vienen de nuestros antepasados. ¿Y yo ahora a mis hijos qué les voy a dar?«.
El malestar ha llegado al campo. Una mañana de primavera, decenas de agricultores se concentraron a las afueras del pueblo con tractores y pancartas: «No queremos plantas solares». Frente al discurso oficial que promete progreso y modernización, los vecinos sólo ven pérdidas: hasta 2,2 millones de euros anuales en producción y casi un millón en jornales, según la cooperativa La Loperana.
La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares ha denunciado incluso por prevaricación ambiental al gobierno regional dirigido por Juanma Moreno Bonilla y a las empresas implicadas. Y es que el daño ya ha comenzado: en una finca cuyo propietario firmó un acuerdo, ya han sido arrancados los primeros 5.000 olivos.
Mientras el 56,8 % de la electricidad generada en España en 2023 procedía de renovables —un 17 % sólo de la solar—, las promesas de riqueza para los municipios rurales se diluyen. Desde la Unión Española Fotovoltaica se habla de tributos e ingresos para los ayuntamientos. Pero en Lopera no se creen esos cantos de sirena.
El consejero regional de Industria, Jorge Paradela, trata de maquillar el proceso asegurando que menos del 1% de la superficie afectada por renovables ha requerido expropiaciones.
