La alcaldesa de Vitoria ha denunciado ante la Fiscalía la aparición de carteles y pancartas contra la islamización del País Vasco que han sido desplegados en diversos puntos de la ciudad, principalmente en los barrios de Sansomendi y Arriaga. En las imágenes difundidas por la regidora Maider Etxebarria en redes sociales, pueden leerse mensajes que advierten sobre el «reemplazo poblacional» y señalan el año 2039 como la fecha en la que, según los autores de la campaña, los musulmanes superarán en número a la población autóctona vasca.
Detrás de esta acción está el colectivo Frontera Sur, que ha asumido la autoría del material y defiende públicamente un discurso contrario a la inmigración ilegal masiva. Sus mensajes, diseminados en carreteras, mobiliario urbano, árboles y vallas, alertan sobre lo que consideran un proceso de transformación demográfica acelerado por la llegada constante de inmigrantes en situación irregular, especialmente procedentes del norte de África. El grupo relaciona directamente este fenómeno con un aumento de la criminalidad y el deterioro de la convivencia en Vitoria y otras zonas del País Vasco.
Según cifras oficiales, la capital alavesa está experimentando un incremento significativo en las tasas de delincuencia. Sólo entre enero y marzo de 2025 se registraron 4.804 delitos, lo que supone una media de más de 50 infracciones al día. Hurtos, robos violentos y agresiones con arma blanca se han convertido en parte del día a día en algunos barrios, generando alarma entre los vecinos. Cada 100 minutos se produce un hurto, hay al menos un robo con violencia cada jornada y los apuñalamientos se suceden semanalmente.
Durante el reciente puente de San Prudencio, dos personas de edad avanzada fueron agredidas en menos de una hora en Santa Lucía y Adurza, acabando ambas hospitalizadas por la brutalidad de los ataques. En esas mismas 35 horas se denunciaron cinco atracos, la mayoría cometidos a plena luz del día. Este patrón de violencia creciente ha encendido las alarmas tanto entre los ciudadanos como en el propio consistorio, que reconoce que la situación exige respuestas urgentes.
