La Audiencia Nacional (AN) ha citado este jueves a partir de las 09.00 horas de la mañana al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al resto de condenados en la primera sentencia relativa a los encargos privados que habría realizado a través de su grupo empresarial, CENYT.
Fuentes jurídicas han confirmado que el tribunal comunicará entre esa hora y las 14.00 horas el fallo que impuso 19 años de prisión a Villarejo por los delitos de revelación de secretos y falsedad documental, aunque fue absuelto del delito de cohecho, clave en la macrocausa.
Además, fuentes fiscales señalan que, seguramente, la Fiscalía Anticorrupción pedirá al tribunal sentenciador que se celebre una vistilla sobre la situación personal de Villarejo a fin de valorar su entrada en prisión antes de que el fallo conocido el pasado lunes sea firme.
Por ahora, las partes pueden recurrirlo en apelación, ante la propia AN, y posteriormente en casación, en el Tribunal Supremo (TS). Las mismas fuentes apuntan que el Ministerio Público estudia ya una posible impugnación en busca de una condena por cohecho. Las acusaciones populares y particulares, decepcionadas con el fallo, también barajan esta opción, según fuentes jurídicas.
Además de a Villarejo, la Sala de lo Penal también condenó a su socio Rafael Redondo a 13 años de prisión y a otras siete personas por su implicación en ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, las primeras piezas que llegaron a juicio de las casi 50 que componen la macrocausa sobre los negocios privados del comisario.
Los otros condenados
En ‘Iron’, se juzgó el espionaje de CENYT a un despacho de abogados especializado en propiedad industrial, Balder, por encargo de otro, Herrero&Asociados, al sospechar este último que los antiguos trabajadores que fundaron el primer bufete le habían robado la base de datos.
Aquí, además de al comisario y su socio, la Audiencia Nacional condenó a los entonces ejecutivos de Herrero&Asociados Álvaro Martínez Muñoz y los hermanos Francisco y Mario Carpintero a siete meses y 15 días de cárcel por delitos de descubrimiento de secretos de empresa y falsedad documental, después de que reconocieran los hechos.
De los dos únicos miembros de Herrero&Asociados que no reconocieron su culpa, María Ángeles Moreno, que puso en contacto al despacho con Villarejo, recibió dos años de cárcel por descubrimiento de secreto de empresa y Andrés Medina fue absuelto porque el tribunal considera «veraz» su declaración en el juicio, «siendo cierto» también que solo asistió a dos reuniones donde no se facilitaron datos de Balder.
En ‘Land’, el tribunal condenó a Susana García-Cereceda y a Francisco Lorenzo-Peñalver y David Fernández Aumente, dos colaboradores de PROCISA, a nueve meses de cárcel por revelación de secretos, mientras que ellos dos recibieron otro mes y quince días por falsedad en documento mercantil.
En esta pieza separada, se investigó si Villarejo había dirigido sus averiguaciones contra el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido dueño de PROCISA, la empresa promotora de la urbanización de lujo ‘La Finca’, por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia.
Cabe destacar que la AN solo condenó por el espionaje efectuado sobre Silvia Gómez Cuétara, Marta Fernández Vázquez-Figueroa y Antonio Garzón, no quedando acreditado respecto a otros supuestos perjudicados, entre los que se encontraban Yolanda García-Cereceda, su antiguo marido Jaime Ostos y el arquitecto Joaquín Torres.
«Absoluta» falta de pruebas y perdón de las víctimas
Los magistrados también fallaron sobre ‘Pintor’, donde Villarejo –ya jubilado de la Policía Nacional– habría cumplido el mandato de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para encontrar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este último, el ex juez Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.
Aquí, absolvieron a Villarejo, su hijo y Redondo, además de a los policías Antonio Bonilla y Francisco Javier Pérez, de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y tentativa de extorsión, recalcando sobre este segundo delito que «a carencia de pruebas al respecto es absoluta».
De la misma forma, los magistrados exoneraron al grupo de detectives privados que habrían colaborado con Villarejo para ejecutar este encargo, entre ellos el supuesto ex agente del CNI Gervasio Cañabate, del delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Asimismo, el tribunal absolvió a los Muñoz Támara y al abogado que les habría ayudado en sus gestiones con el comisario, Ricardo Álvarez-Ossorio, de la tentativa de extorsión.
No obstante, condenó a los hermanos, que confesaron los hechos, a tres meses de cárcel por el descubrimiento de secretos contra Martín Navarro, a quien deben indemnizar con 5.000 euros, si bien aclara que «les será de abono el tiempo de prisión provisional padecido por esta causa».
