El portal de Contratación del Estado ha notificado que la Archidiócesis de Madrid participará en el concurso de resignificación del Valle de los Caídos mediante la inclusión de un representante eclesiástico como miembro del jurado que elegirá el proyecto ganador. Esta incorporación ha generado gran inquietud entre quienes defienden la continuidad del carácter sagrado del enclave y advierten que supone una cesión sin precedentes ante las intenciones del Ejecutivo de reconfigurar un espacio de culto.

El sacerdote designado como parte del tribunal es el padre Daniel Escobar Portillo, actual Delegado Episcopal de Liturgia, cuya presencia en un comité formado por diez personas representa, de facto, la renuncia de la Iglesia a su capacidad de veto sobre las actuaciones futuras en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En lugar de ejercer un control posterior sobre el resultado, como se había anunciado anteriormente, su rol ha quedado limitado a un voto más en un proceso fuertemente cuestionado tanto en lo jurídico como en lo simbólico.

En abril, la Conferencia Episcopal Española había expresado públicamente su desmarque de esta operación impulsada por el Gobierno. En un comunicado oficial, afirmaban que “la Iglesia nunca ha promovido ni impulsado los planes de resignificación”, subrayando que su posición era simplemente la de velar por el cumplimiento de los acuerdos ya existentes y por el respeto al uso religioso del lugar. Advertían, además, que no habían sido consultados en la elaboración de los términos del concurso, algo que —según dijeron— podría poner en riesgo la integridad litúrgica del recinto.

Sin embargo, la participación formal de la Archidiócesis en el jurado altera por completo esa postura inicial. Lejos de limitarse a una “revisión final del proyecto para garantizar que se respeten los acuerdos”, como afirmaban entonces, la Iglesia ha aceptado ahora formar parte de un proceso que permite, según recogen los pliegos oficiales, intervenciones en zonas tan sensibles como la capilla del Santísimo, la nave principal o los espacios dedicados a la Virgen, todos ellos consagrados al culto.

Desde distintos sectores eclesiásticos y civiles se denuncia que este paso significa otorgar un aval institucional a un procedimiento con claras intenciones de despojar al recinto de su carácter sacro, y que la inclusión de un miembro eclesiástico en el jurado sólo servirá para legitimar las decisiones adoptadas por mayoría, diluyendo así cualquier futura capacidad de oposición.

Se teme que esta participación eclesial, más que un gesto de supervisión, se convierta en una coartada para justificar, en nombre del consenso, una intervención unilateral del Estado en un lugar destinado hasta ahora exclusivamente al culto católico. A juicio de muchos, eso abriría la puerta al desalojo de la comunidad benedictina que desde hace décadas habita el monasterio, y supondría el cierre definitivo de la etapa religiosa del Valle de los Caídos.

Ante la gravedad del asunto, distintas voces reclaman una explicación pública por parte del cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Quieren saber si ha sido informado de la inclusión del representante de la diócesis en este jurado y si ha dado su aprobación. De ser así, estaría ligando su responsabilidad a un proceso cuya legalidad y legitimidad han sido seriamente puestas en duda, y que podría marcar el fin del Valle como lugar de culto y peregrinación.