El Gobierno de Sánchez ha incluido la cruz del Valle de los Caídos, la más grande del mundo, en su proyecto de profanación del conjunto monumental. Con sus 152,4 metros de altura, este símbolo visible desde kilómetros a la redonda será objeto de intervención dentro del plan de profanación que el Ejecutivo prevé ejecutar en los próximos años.
Pese a las declaraciones oficiales asegurando que nunca se contempló su derribo, lo cierto es que la emblemática cruz forma parte del pliego técnico del proyecto, junto con casi todos los elementos del recinto, incluida la basílica. Según ha adelantado OkDiario, sólo el altar y algunos bancos próximos quedarán excluidos de esta transformación, ya que se mantendrán para uso litúrgico. El resto del espacio será reformulado para adaptarse a nuevos fines que el Gobierno define como «pedagógicos».
El núcleo del plan será la creación de un museo o centro de interpretación en la explanada y parte del templo, con una inversión global de 30 millones de euros. De esa cantidad, cuatro millones se dedicarán al concurso de ideas y a la redacción del proyecto, mientras que los 26 restantes cubrirán la remodelación, los contenidos museográficos y la construcción de las nuevas instalaciones. Este centro se convertirá, según el Ejecutivo, en el eje principal para reinterpretar el sentido del monumento y convertirlo en un espacio para «la memoria democrática».
El Gobierno plantea intervenir en áreas clave del interior de la basílica, como el vestíbulo, el atrio, las capillas del Santo Sepulcro y del Santísimo, la nave desocupada, el espacio intermedio y la cúpula, aunque respetando el altar. El objetivo, según los responsables del proyecto, es dotar estos lugares de un nuevo uso museístico, alejado del culto, para convertir el recinto en un lugar de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y fomentar un relato de reconciliación nacional.
La remodelación también incluye la revisión de los contenidos simbólicos de la cúpula, cuya decoración deberá ajustarse a los criterios fijados por la ley de memoria democrática. El Gobierno insiste en que las intervenciones serán «moderadas» y respetuosas con los elementos actuales, pero siempre bajo el prisma de la reinterpretación histórica.
Uno de los aspectos centrales del nuevo relato será el uso de mano de obra penada durante la construcción del monumento. El pliego sugiere incluso ampliar este enfoque para tratar la utilización de presos en tareas forzadas durante toda la posguerra en distintos puntos de España, insertándolo así dentro de un marco más amplio de memoria histórica y denuncia del franquismo.
