La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que el Tribunal Constitucional ha avalado un sistema de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado que sustituye los principios de mérito y capacidad por criterios de «afinidad ideológica«.
La demanda se dirige contra la sentencia del Constitucional que respaldó el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban, promovido en su día por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, pese a que el Tribunal Supremo había anulado previamente esa designación. La asociación sostiene que dicha resolución consolida una doctrina «ajena a los méritos» y abre la puerta a una discrecionalidad política incompatible con el Estado de derecho.
Según expone la AF, el procedimiento seguido en el Tribunal Constitucional vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a un proceso justo, al intervenir un magistrado cuya imparcialidad «se veía comprometida» por su relación jerárquica previa con personas implicadas activamente en el proceso.
La asociación subraya además que ese magistrado tuvo un papel «determinante» en la tramitación del asunto al impulsar la avocación al Pleno y participar en la admisión del recurso por su supuesta “especial trascendencia constitucional”.
Asimismo, la AF considera vulnerado el artículo 14 del Convenio, relativo al principio de igualdad, al entender que la sentencia consagra «una libertad prácticamente absoluta» para designar cargos en la Justicia sin atender a criterios objetivos de mérito y capacidad.
«La situación no sólo afecta al ámbito de la Justicia, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública«, advierte la asociación, que alerta de un deterioro de los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, sostiene que con esta doctrina «se rompe un pilar esencial del Estado de derecho» al reemplazar los principios de mérito y capacidad por «criterios de afinidad».
Los nombramientos de Teresa Peramato
La demanda llega además en un contexto marcado por las primeras decisiones adoptadas por la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha realizado varios nombramientos discrecionales cuestionados dentro de la carrera fiscal.
En su primera tanda de designaciones, Peramato promovió a Diego Villafañe, ex mano derecha de Álvaro García Ortiz, quien llegó a estar imputado durante varios meses en la causa por revelación de secretos.
También ascendió a Ana García León como número dos de la Fiscalía pese a carecer de experiencia en casación. Entre los aspirantes a esa plaza se encontraban los fiscales del «procés» Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.
En una segunda ronda de nombramientos, Peramato destituyó a Almudena Lastra como fiscal superior de la Comunidad de Madrid después de que ésta declarase contra Álvaro García Ortiz en el procedimiento por revelación de secretos. Para sustituirla eligió a María Isabel López, integrante de la Secretaría Técnica desde 2018 tras su paso previo por Melilla.
La nueva fiscal general también promovió a Pilar Fernández, esposa de García Ortiz, como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia. Asimismo, ascendió a Pilar Rodríguez, que también estuvo imputada durante unos meses en el Tribunal Supremo por la filtración de datos confidenciales relativos a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Rodríguez ha sido destinada a la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la misma sección en la que trabaja actualmente Álvaro García Ortiz tras quedar inhabilitado para ejercer como fiscal general del Estado.
