La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para informarle de que no acudirá a la reunión prevista para el próximo 20 de mayo, con motivo de la reforma de la Fiscalía anunciada por el Gobierno, al considerar que sería una colaboración «estéril», porque se ha hecho «a espaldas» de la APIF.
En primer lugar, han explicado que «el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de 13 de mayo de 2025 de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no ha sido consensuado por el FGE con esta asociación, ni el Gobierno ha pedido a la APIF opinión o sugerencia alguna respecto a este texto prelegislativo».
A ello han sumado que García Ortiz está investigado en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «estando muy próximo la apertura de juicio oral». «Cuando se dio esta situación, la APIF pidió su dimisión, al entender que no es compatible el ejercicio de FGE y tener la condición de investigado. Precisamente por no atender esta solicitud, esta asociación se ha visto en la necesidad de personarse, como acusación particular», recuerda.
A su juicio, por esta razón García Ortiz «carece de autoridad» para presidir una reunión en calidad de fiscal general del Estado. En concreto, han expuesto que, si el TS abre juicio oral, el fiscal general tendrá que suspender a la otra imputada, tal y como establece el EOMF, pero él podrá continuar en el cargo, algo que se podría haber evitado «solo con la reforma del artículo 31 del EOMF».
