La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha cargado con dureza contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha anunciado que no acudirá a la reunión convocada este martes por la Fiscalía General para abordar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La AF se suma así a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ya había rechazado participar en lo que consideran un intento de blanquear una reforma profundamente lesiva para la independencia del Ministerio Fiscal.
En una carta a la que ha tenido acceso Abc, la Asociación de Fiscales advierte de que no puede compartir «espacios de diálogo y encuentro con una Fiscalía General del Estado que, hoy en día, sigue dirigida por una persona que […] está siendo actualmente investigada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, generando con ello un deterioro institucional que ya es insoportable».
El anteproyecto, promovido por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros, pretende reformar el Estatuto para atribuir mayores competencias al fiscal general. Para la AF, se trata de un «gravísimo retroceso» que arrasa con la autonomía de la institución. A su juicio, esta reforma no busca modernizar el Ministerio Fiscal ni reforzar su imparcialidad, sino concentrar aún más poder en manos del fiscal general, que pasaría a disponer de nuevas atribuciones en nombramientos, régimen disciplinario y causas de incompatibilidad, debilitando al único órgano democrático de la carrera: el Consejo Fiscal.
«El Consejo Fiscal —denuncian— se convierte en un mero convidado de piedra«, mientras que la sustitución de sus funciones por la Junta de Fiscales de Sala, compuesta en buena parte por afines a Dolores Delgado y García Ortiz, «solo puede calificarse como un fraude«.
La AF también rechaza la prolongación del mandato del fiscal general a cinco años, supuestamente para desligarlo del Gobierno. Lo consideran una maniobra que no reduce la dependencia política, sino que refuerza el poder omnímodo del fiscal general. «Si se pretende atribuir la dirección de la investigación penal a los fiscales, esa dirección no puede quedar en manos de una sola persona», advierten.
En línea con las declaraciones de su presidenta, Cristina Dexeus, la AF lamenta además que el texto no incluya avances en materias clave como la autonomía presupuestaria, la independencia reglamentaria o la formación de los fiscales. Todo ello, sumado a los mecanismos discrecionales de designación y remoción, hace que el nuevo Estatuto suponga una «pantomima destinada a blanquear esta norma«, según sus palabras.
La advertencia es clara: la Fiscalía se adentra en una crisis de legitimidad sin precedentes, y sus profesionales no están dispuestos a convertirse en cómplices de un proyecto que, lejos de servir a la justicia, sirve al poder.
