La Asociación Profesional de la Magistratura el Magistrado, la asociación de jueces mayoritaria de España, ha reiterado a LA GACETA su rechazo a la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El magistrado Alejandro González, titular del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Palma de Mallorca y miembro del comité ejecutivo nacional de la APM, señala que pese a que no se oponen a modernizar el proceso penal, sí les preocupa que la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación de los delitos «no vaya acompañada de una autonomía funcional y jerárquica real respecto del poder ejecutivo».

«Si el fiscal depende orgánicamente del Gobierno, no puede ejercer funciones instructoras con la independencia que exigen la Constitución y el derecho Europeo. Queremos reformas que refuercen el proceso, que mejoren la administración de Justicia, pero se advierten riesgos que lo hacen más vulnerable», manifiesta el magistrado.

Ante las denuncias de quienes creen que con esta reforma el Ejecutivo busca la impunidad por las investigaciones judiciales por corrupción al entorno político y familiar del presidente del Gobierno, desde la APM reiteran no les corresponde «un examen de intenciones», pero que «un modelo de instrucción dependiente del Gobierno —directa o indirectamente— genera un riesgo objeto de interferencia». «Ese diseño elimina el necesario contrapeso judicial en la fase de investigación». «El proceso penal sólo es creíble cuando el que investiga es independiente y, además, parece independiente. Y eso no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos», agrega.

En este sentido, el magistrado manifiesta que desde la APM consideran lesiva la modificación de la figura de las acusaciones populares impulsada por el Gobierno porque es «una institución prevista en la Constitución (artículo 125) y la reforma la debilita sustancialmente». «La acusación popular permite a la ciudadanía participar en la justicia penal como una forma de control democrático. Ha sido clave en la lucha contra la corrupción y en casos de enorme relevancia pública como los ERE, Gürtel, Filesa, GAL, etc», añade. Por ello, insiste que el anteproyecto «impone requisitos que restringen su ejercicio bajo el pretexto de evitar abusos, pero la solución no es neutralizarla, sino regularla mejor para reforzar su función cívica y de transparencia».