La causa judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha dado un giro importante tras la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque se ha eliminado del proceso la investigación sobre el rescate del Gobierno a Air Europa, los jueces han señalado que existen «indicios de conductas sospechosas» en los negocios privados de Gómez, lo que justifica continuar con las investigaciones, incluido el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El pasado lunes, la Sección 23 de la Audiencia falló en parte a favor de los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la propia Gómez. No obstante, los jueces han validado casi en su totalidad las líneas de investigación abiertas por el magistrado Juan Carlos Peinado. Este último ha sido el encargado de llevar a cabo las diligencias desde el inicio del caso, con el objetivo de esclarecer si hubo tráfico de influencias. Los jueces han enfatizado que estas investigaciones no son «prospectivas», como sostiene el abogado de Gómez, sino que deben continuar hasta aclarar si se cometió dicho delito.
Entre los temas claves que podrían facilitar el trabajo del juez instructor, destacan dos aspectos. Por un lado, las adjudicaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a Juan Carlos Barrabés; por otro, las actividades relacionadas con el software de Begoña Gómez. En cuanto a este último, los magistrados han insinuado que podría haber habido un «interés personal en el ámbito empresarial«.
Sobre las adjudicaciones de contratos a Barrabés, la Audiencia de Madrid dejó claro que el tema no está cerrado. Aunque tanto la Fiscalía como el abogado de Gómez, Antonio Camacho, exministro socialista, sostienen que la investigación no puede avanzar porque la Fiscalía Europea ha asumido dos de los contratos adjudicados a Barrabés por Red.es, los jueces han subrayado que aún debe investigarse el conjunto de contratos. La clave, según la Audiencia, es determinar si la participación de Begoña Gómez en estos procesos, a través de cartas de recomendación, influyó en las decisiones tomadas.
Los magistrados también indicaron que el hecho de que los contratos se adjudicaran correctamente no descarta un posible delito de tráfico de influencias. Afirmaron que en esas adjudicaciones existían «datos objetivos» que evidenciaban la intervención de Gómez en apoyo a las empresas de Barrabés, lo que justifica la investigación. Además, desmintieron que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no encontrara irregularidades, señalando que lo que realmente se dijo es que los contratos durante la pandemia «seguían la dinámica habitual».
La Audiencia considera que el delito de tráfico de influencias es el eje central de toda la investigación. Por ello, estima que es necesario examinar a fondo las actividades empresariales de Gómez, incluidas las recomendaciones hechas a Barrabés, su relación con la cátedra de la Complutense, el desarrollo del software y su contrato con el Instituto de Empresa en 2018, cuando dirigió el Africa Center.
A pesar de que los recursos no mencionaban el software, los magistrados se pronunciaron por primera vez al respecto, señalando que la investigación debe incluir este elemento. La Complutense también solicitó que se investigue el desarrollo de esta herramienta, que Gómez pretendía crear a través de su propia plataforma.
En resumen, la Audiencia de Madrid ha respaldado la continuidad de la investigación, desestimando las acusaciones de que se trate de una investigación prospectiva, como defendía la defensa de Gómez. Según los jueces, la investigación se basa en «conductas racionalmente sospechosas» que merecen ser aclaradas a través de una indagación detallada. Organizaciones como VOX, Manos Limpias, Hazte Oír y otras han valorado positivamente esta decisión, interpretándola como un duro golpe para la estrategia de defensa de Gómez.
