La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha imputado a otros tres trabajadores del Consulado General de España en Argel en la investigación abierta por una presunta trama dedicada a facilitar visados fraudulentos a cambio de importantes cantidades de dinero.
Los nuevos investigados son Maua Belkacemi, secretaria del cónsul Gauden Villas, y los administrativos Hocine Malek y Lylia Dricy, ambos vinculados a la gestión de visados. Los tres son empleados locales de origen argelino, aunque Belkacemi obtuvo hace años la nacionalidad española. Pese a su nueva situación procesal, continúan desempeñando sus funciones en la legación diplomática.
Con estas incorporaciones, ya son seis las personas investigadas en una causa que comenzó a estrechar el cerco sobre el consulado el pasado mes de abril. Entonces fueron arrestados en España el antiguo canciller y número dos de la representación, Vicente Moreno; el trabajador local Mohamed Boutouchent; y la esposa del primero. Moreno quedó posteriormente en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y comparecencias periódicas ante la Policía.
La Audiencia Nacional investiga la existencia de una organización que habría convertido la expedición de visados Schengen en un negocio clandestino. Según la documentación de la causa citada por The Objective, los integrantes de la red habrían cobrado hasta 25.000 euros por familia para facilitar expedientes de personas que no reunían los requisitos exigidos. A cambio, se habría recurrido a documentación sin comprobar, manipulada o directamente falsa para conseguir los permisos.
Las pesquisas también alcanzan a empresas externas encargadas de tareas relacionadas con las solicitudes. La investigación menciona expresamente a plataformas «tipo BLS», después de detectar indicios de que personal de compañías colaboradoras habría participado en la preparación de expedientes, la asignación de citas o la gestión documental y habría favorecido a solicitantes que pagaban a la trama. Mientras tanto, personas que sí cumplían legalmente las condiciones para viajar a España por negocios, formación u otros motivos habrían visto relegadas sus solicitudes.
El supuesto entramado no se habría limitado a conseguir la entrada inicial en territorio español. Los investigadores sospechan que también existían mecanismos posteriores para consolidar la residencia en España o Francia. Las primeras alertas partieron de comunicaciones oficiales procedentes de la Embajada española en Argelia, después de que funcionarios de Interior detectaran indicios de una estructura orientada a obtener beneficios mediante la concesión irregular de visados.
El dinero, según las pesquisas, se entregaba fundamentalmente en efectivo a intermediarios encargados de recaudarlo y distribuirlo entre los distintos escalones de la organización. Parte de esas cantidades habría terminado posteriormente en España, donde presuntamente se introducían en el circuito legal mediante operaciones de compraventa de vehículos. Los investigadores aseguran haber detectado además un patrimonio elevado en algunos de los implicados tanto en España como en Argelia.
La causa analiza cinco posibles delitos: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental continuada cometida por funcionario público y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En los registros efectuados en Sagunto y Torrevieja, los agentes intervinieron 10.890 euros en metálico, cuatro teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles y 17 dispositivos de almacenamiento. También se ordenaron medidas sobre un inmueble en Madrid, productos financieros y documentación vinculada a los expedientes consulares.
La operación, bautizada como Jazira-Cova, movilizó a efectivos de la UDEF, la Ucrif y Vigilancia Aduanera bajo la dirección de la Audiencia Nacional y con participación de la Fiscalía Anticorrupción. La tesis que manejan los investigadores es que funcionarios españoles y trabajadores argelinos de la propia legación habrían desempeñado funciones diferentes dentro de una estructura organizada para facilitar la llegada de ciudadanos argelinos al espacio Schengen.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha decidido ahora enviar una inspección al Consulado General de España en Argel. Según las fuentes diplomáticas citadas por The Objective, los inspectores tienen previsto llegar a la capital argelina el 20 de septiembre y permanecer allí durante una semana para examinar el funcionamiento de la representación y recabar testimonios de sus trabajadores.
Las sospechas sobre las irregularidades, además, no son nuevas. Ya en 2025 varios empresarios españoles habían remitido escritos a Exteriores denunciando dificultades sistemáticas para obtener visados de trabajo para ciudadanos argelinos y alertando de la posible existencia de una trama. La investigación judicial trata ahora de determinar hasta dónde llegó esa red, quiénes participaron en ella y cuánto dinero pudo generar mediante la concesión presuntamente fraudulenta de visados.
